El Gobierno llevó al Tribunal Constitucional su recurso contra el proyecto de cambiar el estatus de Euskadi para que sea una nación libremente asociada a España y la Asamblea de Extremadura aprobó por unanimidad rechazar el proyecto de autodeterminación de los nacionalistas vascos.

José María Michavila, ministro de Justicia, puso cuidado en precisar que cualquier autonomía tiene derecho a intentar modificar su estatuto, pero debe hacerlo por el cauce previsto en la Constitución y las leyes. Este es, según los servicios jurídicos del Estado, el problema del plan Ibarretxe, pues vulnera en muchos puntos las normativas españolas e incluso las vascas.

El problema jurídico lo intentará resolver el Tribunal Constitucional. El político seguirá. Procedimientos aparte, mientras el PNV no aplace el debate sobre el futuro hasta que los vascos se puedan expresar sin la presión del terrorismo, seguirá el embrollo. Y hasta ese momento tampoco sabremos hasta qué punto el Gobierno del PP está dispuesto a aceptar cambios que se ajusten a las leyes. Hasta entonces, es imprescindible que el Gobierno vasco se sienta obligado a defender los derechos de todos los vascos, sean nacionalistas o no. Eso es más importante que las sentencias.