El Pacto Social y Político de Reformas para Extremadura es un compromiso del Gobierno Regional, de la sociedad civil y de la representación política, que va más allá de lo conocido hasta ahora, trascendiendo esta legislatura, de las venideras y del color de los gobiernos de cada una de ellas.
Se plantea como un camino por el que deben transitar las políticas y las estrategias de los próximos años, para impulsar un cambio de patrón de crecimiento de la economía regional, para hacerla más sostenible, dinámica, competitiva y globalizada. Una economía generadora de más y mejor empleo, capaz de sostener y potenciar un modelo social basado en los principios de igualdad y justicia social, para más cohesión social y territorial, al tiempo de alcanzar una Extremadura más autónoma política y económicamente.
El Pacto consta de 33 acuerdos entre proyectos estratégicos y propuestas legislativas, cuyo contenido es inconcreto y declarativo en ocasiones y ambiguo en otras. Esto es normal en la lógica que responde a una interrelación de intereses sociales, económicos y políticos muy diversos y construidos bajo una metodología de negociación y concertación, basada en la potenciación de la contraparte, a sabiendas que, las más de las veces, es adversario, pero convencidos de que así gana el conjunto.
La clave es precisamente ésta. Firmado y ratificado el Pacto, redoblar los esfuerzos al máximo, para, entre todos, sacar adelante lo sustancioso del mismo y sus derivas, las estrategias y las leyes, al tiempo de conseguir superar los "cuellos de botella" y los "lobbies" que tradicionalmente han encorsetado nuestro crecimiento económico y despegue social.
Y aquí están también los verdaderos peligros. En la precipitación. En sentirse propietario exclusivo del Pacto, como puede ser la tentación del Gobierno y del partido que lo sustenta; o de no sentirse concernido por él, como podría sucederle al Partido Popular, pensando que llegó al Pacto exclusivamente por planteamientos tácticos y no por necesidad política. Algo de esto ya se perfilaba en los discursos del último debate del estado de la región.
El Pacto peligra así mismo si no hay conciencia en que deben cambiarse las maneras de hacer las cosas y de plantearlas, de que debe impregnarse una nueva cultura del trabajo político y de la concertación social, basada en la verdadera participación y diálogo con las partes y con los intereses concernidos, donde se impregnen actitudes distintas, para que imperen los intereses generales sobre los particulares y sectoriales.
El Gobierno regional temporalizó para lo que restaba de legislatura estrategias y leyes derivadas del Pacto como táctica para que el PP no se escurriera alegando su falta de concreción. Si ahora, a esta temporalización le otorga un valor político en sí mismo, estará cometiendo un gravísimo error para la viabilidad futura de los contenidos y las estrategias del Pacto. Igual de erróneo es que el Partido Popular siga sin sentirse a gusto en el Pacto Social y Político, no lo tome como algo suyo y no reaccione exigiendo y proponiendo debates y acuerdos previos en aquellas leyes y estrategias que son claves para el inmediato futuro.
No en todas será preciso un recorrido previo tan amplio como el seguido en el caso del Anteproyecto de Ley de Educación de Extremadura, en el que durante más de un año se ha venido trazando un amplio debate en el seno de la comunidad educativa y con organizaciones sociales y sectoriales representativas, legitimándole hoy como vehículo adecuado al que se suban las fuerzas políticas, debiendo explicar muy bien a la sociedad, sus discrepancias en el caso de no consensuar la Ley.
Pero nos equivocaremos y se pondrá en peligro el Pacto Social y Político de Reformas para Extremadura si cuestiones tan relevantes como la Ley de Financiación Universitaria, la Ley de Igualdad o las estrategias de Política Agraria o industrial, se quieren sacar adelante sólo con la mayoría parlamentaria o con el mero formato de alegaciones de los intereses concernidos y de sus órganos de participación, tipo Consejo Económico y Social.
Lo que es más grave, se frustrarán expectativas y se generará descrédito político, si se pretenden sacar las leyes y las estrategias que prevé el Pacto, tan importantes para el futuro de nuestra región y la modernización de su modelo productivo, sin ser sometidas a un verdadero proceso de concertación en lo social, en lo económico y en lo político.
