Hace unas semanas se supo que el Gobierno planteaba, mediante una modificación de ley de modernización de la Seguridad Social, declarar la incompatibilidad de la percepción de la pensión de jubilación y el ejercicio de la actividad como profesional por cuenta propia. Ahora se ha sabido que solo unos días bastaron para echar atrás la iniciativa, fruto de la presión de los colegiosprofesionales afectados. Resulta éticamente incalificable que unos colegios como los de arquitectos --también los de abogados--, se hayan movido con tanta rapidez para defender un privilegio que les afecta, mientras durante años no han emprendido una sola acción para impedir que una parte de sus colegiados sea explotada por la otra, permitiendo que profesionales cualificados que ejercen tareas de asalariados figuren como autónomos sin derecho a vacaciones, paro, baja por maternidad, enfermedad, horas extras remunerados, ni ningún tipo de seguridad laboral. Hoy en día, muchos de esos profesionales se encuentran sin trabajo, sin ningún ingreso, sin apoyo del Estado, y quienes les empleaban mantienen en sus cuentas bancarias los beneficios acumulados durante los años de orgía inmobiliaria, a base de realizar obras de dudosa calidad en muchos casos, a la espera de tiempos mejores.
Es éticamente incalificable que el estamento político se deje gobernar por ciertos grupos de presión bien establecidos mientras no hace nada para evitar situaciones éticamente incalificables que al Gobierno le correspondería controlar. ¿A qué punto de incivismo hemos llegado? Sin embargo, los grandes culpables de esta situación hemos sido los profesionales explotados, que no hemos sabido crear colectivos para defender nuestros derechos frente a grupos políticos que solo son capaces de responder a presiones, mientras los profesionales explotadores disponen de estructuras sólidas y antiguas, como los colegios, para defender sus privilegios.
Antonia Jimenez **
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