El comisario europeo de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia, adelantó en Madrid, lo que ayer se hizo público en Bruselas, las perspectivas que se abren a largo plazo en toda la Unión Europea --sobre todo en los 15 países que forman su núcleo central-- ante un dato estrictamente estadístico: el aumento de la esperanza de vida. Esto obliga, por un lado, a revisar las previsiones de jubilación y el pago de pensiones a medio y largo plazo, pero también a aportar más dinero para afrontar los gastos que se derivan del envejecimiento. Almunia adelantó las previsiones de Bruselas en el marco parlamentario de la comisión del Pacto de Toledo.

El informe de la Comisión Europea advierte de que a largo plazo (2060) el gasto público por el envejecimiento de la población puede llegar al 15,1% del PIB, mayor que la media europea (12%), y que el gasto por dependencia se duplicará desde ahora hasta el 2030. El estudio debe bastar para acabar con el debate sobre la viabilidad de las pensiones, porque las actuales están garantizadas y las futuras también lo serán si se aplica la regla más elemental: adaptarlas al crecimiento económico y al número de cotizantes --nadie pensaba hace diez años que llegaría a ser de 18 millones-- y revisar la prestación en función de los años que se ha contribuido. Es lo que se pactó en Toledo y debe seguir vigente.