Conozco a una familia, empresarios, que decidieron diversificar su patrimonio, y empezar a invertir en activos y empresas alejados del núcleo «tradicional» del negocio de la familia (aguas). Sabia decisión. Únicamente, que una toma de decisión conlleva, primero, una ejecución, y, segundo, valorar factores internos y, especialmente, externos. Nada depende nunca de un único factor. Era 2006 y su nuevo rumbo pasaba por el sector inmobiliario (ladrillo en auge) y en el sector financiero (ciclo de crecimiento imparable).
En sólo dos años, el vigoroso patrimonio familiar se escurría peligrosamente por una pendiente de deterioro de valor, daciones en pago y angustiosa falta de liquidez. Ahí los conocí yo, y recuerdo haber pensado: «en el peor lugar, en el peor momento». ¿Se podría haber evitado? No caigamos en la simplista tentación de pensar que a nosotros no nos hubiera ocurrido y a los demás, sí. A menudo hay demasiados factores a ponderar, y muchos de ellos, ocultos (al menos en una primera lectura). Y a resultado pasado, todos somos preclaros vates.
Tengo la sensación (algo martilleante) de que Extremadura se encuentra en similar encrucijada a la de esa familia en 2006. Y me temo que pocos son los actores implicados que están por la labor de tener en cuenta más allá de lo que está a la vista de todos.
El peso del sector público en la región se ha hecho estructural. La apuesta por el mismo en medio de una crisis económica, aunque no la comparto, tiene una serie de razones que le aportan lógica interior. El exangüe sector privado estaba en una lucha por la supervivencia, la inversión y el consumo decaían vertiginosamente y la atracción de capital exterior ni estaba ni se potenciaba. Con ese orden de cosas, y el paro desbocado, el recurso al sector público podía tener una justificación temporal entendible. Temporal. Y entendible (que no plausible).
Lo que ha ocurrido es que, incluso con alternancia de partidos en el poder, la apuesta económica de Extremadura se ejecuta desde el impulso público y se lucha por una financiación autonómica donde prime la solidaridad y por mantener los fondos de cohesión. Más y más sector público. La economía extremeña juega en la «Champions League» de la burocracia: uno de cada cuatro euros (25,9%) que genera la economía de la comunidad procede del sector público. En Madrid, por ejemplo, un 14,7%. Y hablamos de medición directa: el sector productivo de mayor importancia en Extremadura es la agricultura (aproximadamente un 6% del PIB regional), que se nutre de subvenciones y beneficios fiscales (más deuda, más sector público).
Estamos por tanto ante una economía de servicios y con creación de precios distorsionada por la tremenda dimensión del sector público. La cuestión no es saber si con un entorno macroeconómico favorable y con crecimiento anual se sostiene. Porque eso lo estamos viviendo. El punto es saber qué ocurrirá en la próxima recesión.
Sí, esa recesión que empieza a asomarse tímidamente a los grandes medios, al común de los temas. Pero que nadie nombra, como si fuera una invocación. Y a lo que pocos ponen fecha, por aquello de que te afeen el error. Pero, no se engañen, las únicas preguntas que restan son cuándo y cómo se producirá. Su llegada, apuesta segura.
Hay algo positivo: los ciclos económicos siempre han existido y la cercanía y virulencia de la gran crisis financiera de 2008 debiera haber servido para hacer los deberes y «bandear» o paliar los efectos del siguiente ciclo negativo. Debiera. Pero no parece haber sido así en Extremadura.
Intentaré ser conciso y didáctico: la siguiente crisis empezará en la renta fija. Estos mercados, básicamente, son en los que se negocian las deudas públicas. Un «shock» en los mismos (¿qué le provocará? ¿cuál será el catalizador? Ojo a la política mundial) provocará que existan menos inversores que quieran comprar esa deuda y, por ello, habrá un embudo en la liquidez para el sector público. Especialmente, en aquellos países sin decisión sobre su política monetaria (nuestro caso).
La reacción política pasa por un obligado ejercicio de ajuste: lo primero que ocurrirá es que se volverán a alargar plazos de pago y se verán encogidos los presupuestos de gastos. Súmenle que tengan una economía con dependencia energética y entenderán el impacto de una crisis de liquidez.
¿Imaginan, entonces, la sacudida para una economía altamente dependiente del sector público y con escasa capacidad de maniobra? Nunca el peor lugar, pero al menos, el peor momento.
*Abogado. Especialista en finanzas.
