El, por ahora, desenlace del expediente sancionador abierto al magistrado Rafael Tirado por su actuación en la ejecución de la condena de un pederasta no deja en buen lugar la capacidad de respuesta del CGPJ. Sin embargo, esperar de este consejo otra cosa sería pedir peras al olmo.
Ahora, la actuación del juez Tirado se califica de "falta grave" y se sanciona con una de la más leves sanciones previstas para estas infracciones. Se razona que el expedientado no es él único responsable; ello es cierto, pero en materia sancionadora no es aceptable la compensación de culpas. Véase, si no, el informe de la Inspección de Tribunales antes de que estallara el escándalo (finales del 2007), que relata que en el negociado de ejecutorias --la actividad judicial que ejecuta las sentencias-- del juzgado a cuyo frente estaba el sancionado, ni existía control judicial de las ejecutorias, dado que no eran revisadas, ni había mecanismos de control y revisión y, en fin, que ese negociado encontraba ralentizado, por lo que la tramitación de las ejecutorias era deficiente. La responsabilidad del juez resulta patente y para nada sirve de excusa la eventual lenidad, impericia o absentismo de otros responsables, que él denunciara previamente tal situación ni hiciera nada para remediar la situación.
De los otros intervinientes en el asunto, solo se ha abierto expediente a la secretaria judicial; nada se ha hecho ni con el representante del ministerio fiscal, que ejerce la acción de la justicia ante los tribunales, ni con el resto de funcionarios, cuyo apoyo es esencial para el buen fin de Derecho. En suma, ha fallado el sistema y cada una de las personas responsables del mismo.
XPERO ESTOx, que en sí mismo podría ser un trágica anécdota, aparece como un síntoma, pues la administración de la Administración de justicia no merece tal nombre. Compare simplemente el lector la dotación de la más humilde delegación de Hacienda con el más fastuoso de nuestros tribunales: ni siquiera existen registros unificados e interconectados de procesos y de justiciables. Hasta ahora, ni libros blancos ni cacareados pactos de Estado por la justicia han movido a los responsables políticos a poner manos a la obra.
Sea como fuere, contrasta el benevolente celo corporativo mostrado ahora con el seguidismo político que concluyó con la sanción muy grave, que comportó su apartamento de la carrera judicial por seis meses y la pérdida de la plaza, de los tres integrantes de la Sección IV de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Estos magistrados pusieron en libertad bajo fianza a un presunto narcotraficante colombiano y este, semanas después, por mandato de sus jefes, se fugó, hecho que no impidió el juicio previsto contra el resto de los procesados.
Esta sección era la que, con gran disgusto del Gobierno de la época (Aznar, Rajoy de vicepresidente y Mayor Oreja , ambos ministros del Interior), revocó varias decisiones del juez Garzón en alguno de los macroprocesos del entorno de ETA: Ekin, Xaki, Pepe Rei En la época --hace menos de siete años-- Garzón era el paladín de los que ahora le tildan de disparatado y, por tanto, la pieza por cobrar eran los tres magistrados, ellos sí, rebeldes. El CGPJ, el día antes de las vacaciones del 2002, realizó la faena, que el Tribunal Supremo, con aplicación ajustada de la norma, pero ya tarde, revocó en una resolución que sacaría los colores al menos sanguíneo. Solo un voto particular disintió radicalmente del planteamiento mayoritario; en esta ocasión, llevamos dos.
Entre estos dos puntos el aún actual consejo, entre otras lindezas, ha emitido informes que nadie le ha pedido, ha desplantado al presidente Pujol no acudiendo a una cena oficial, y, sobre todo, su presidente se ha negado a comparecer ante las Cortes y ha dejado dos veces a los diputados con un palmo de narices.
Por ello, decía antes que esperar en el caso Tirado (que no Mari Luz ) una respuesta cabal del CGPJ, vista su inequívoca trayectoria, era pedir peras al olmo, una quimera. Con todo, alguna puntualización más es conveniente. La suave sanción impuesta ha corrido simultánea a la más que tardía renovación de CGPJ. Muchas han sido las voces que se han alzado, fundamentalmente de jueces, que han visto cómo una bofetada el que los no asociados --la mitad de la carrera-- no tenga representación (sic) en el consejo. Entendido, de modo erróneo, por un gran número de jueces, que el consejo es un órgano de representación de los jueces, no es de extrañar el disgusto.
Pero el CGPJ es un órgano constitucional de gobierno de los jueces, y como órgano de gobierno es un órgano político, lo que no comporta --salvo miserias de los políticos-- que deba ser partidista. Como órgano de gobierno, que garantiza esencialmente la independencia judicial (hasta ahora, con algún baldón, la garantiza razonablemente), no solo ha de evitar intromisiones políticas y gubernamentales, sino que debe preservar el gobierno de los jueces del corporativismo judicial. Este corporativismo, al parecer inevitable con una mayoría de, por lo menos, 12 jueces en su composición, parece se que ha conjugado otra vez contra el recto interés de la justicia.
Así las cosas, espero, deseo y, en un alarde de optimismo, hasta aventuro tímidamente, un nuevo consejo mejor que el que concluye; el listón, desde luego, no está alto. Su primera ocasión la tendrá en breve a la hora de analizar el recurso contra la sanción que tanto revuelo ha generado.
*Catedrático de Derecho Penal.
