El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido --por seis votos contra cinco-- la recusación del PP contra el magistrado y antiguo profesor de la Uex Pablo Pérez Tremps. El motivo de la recusación es que Pérez Tremps, en su calidad de catedrático de Derecho constitucional, elaboró un informe para la Generalitat sobre las relaciones exteriores de Cataluña. Eso ocurrió un año antes de ser magistrado del Constitucional y de que empezara la elaboración del nuevo Estatuto catalán.
La primera interpretación de este hecho es clara: la recusación de Perez Tremps se inscribe en los intentos del PP por romper el equilibrio existente en el seno del Tribunal Constitucional a favor del sector conservador, con el objetivo de que se declare la inconstitucionalidad de una parte sustancial de esta nueva norma. Pero la realidad admite otras lecturas. Una de ellas sería la del error cometido por el magistrado, al no asumir que --más allá de la estricta aplicación de la ley, siempre opinable-- existe un principio de prudencia y de puntillosa pulcritud democrática que le aconsejaba, cuando se planteó la recusación, quitarse de en medio y dejar el campo libre. De esta forma, hubiese facilitado, con su sacrificio, la recomposición del equilibrio destruido.
La conclusión de fondo tras este episodio es que el bipartidismo político alcanza incluso al Tribunal Constitucional, que debería estar muy por encima de la melé política diaria. Se trata de un déficit democrático grave, que va a impregnar lo que debería ser un debate técnico, profundo y sereno sobre el Estatut.
