En periodos electorales, el lanzamiento de ofertas para ser candidato en listas electorales de miles de partidos hace que proliferen perfiles seudopolíticos dispuestos a asumir roles en todo nuestro territorio nacional. Actualmente no hay normativa que regule la formación mínima que deben aportar estos como requisito para acceder a cargos políticos electos.
La ley electoral vigente no recoge en su articulado el compromiso mediante juramento o promesa bajo código deontológico que garantice el cumplimiento de deberes y obligaciones para ejercer con responsabilidad cargos políticos. Este hecho supone la mayor crisis de desconfianza política del siglo XXI, en un Estado monárquico parlamentario que presume de ser garantista en derecho público según la Constitución Española.
