El Juzgado de Menores de Badajoz ha ordenado la puesta en libertad de Carlos M.S., el joven que el año pasado, cuando tenía 17 años, apuñaló a un vecino suyo de Talavera la Real. Ha estado 9 meses recluido en el centro Marcelo Nessi, que es el tiempo máximo que puede estar privado de libertad un menor que no haya sido juzgado. La acusación y el fiscal han solicitado que, en lugar de salir a la calle, entre en un centro terapéutico. El juicio no se ha celebrado porque falta conocer un informe de ADN pedido a la policía científica de Sevilla.

El pasado miércoles fue sentenciado a dos años de reclusión, que está cumpliendo en el Marcelo Nessi, el mismo centro que Carlos M.S., el alumno de 16 años del instituto Norba Caesarina de Cáceres que el 29 de octubre pasado intentó apuñalar a su profesor. El joven estaba en tratamiento psiquiátrico y el profesor agredido ha renunciado a cualquier indemnización, a pesar de lo cual el juez, en una sentencia alcanzada por conformidad entre las partes, ha considerado los hechos como atentado a funcionario público. Además de los dos años de reclusión deberá estar otros cuatro en libertad vigilada con tratamiento terapéutico.

Nada se le podrá objetar al auto que pone en libertad a Carlos M.S. (ni siquiera el fiscal y la acusación recurren la libertad porque la ley es taxativa en ese sentido), ni tampoco a la sentencia de conformidad que condena al alumno del Norba a dos años de reclusión, pero es una ocasión para que los ciudadanos se queden perplejos ante las decisiones de la Justicia. Hechos como éstos deberían hacer que los responsables, judiciales o policiales, se pregunten, y respondan públicamente, si es normal que un análisis de ADN puede tardar 9 meses en elaborarse.