Transcurridos 41 días desde la fuga de los diputados socialistas Eduardo Tamayo y Teresa Sáez, los electores madrileños, víctimas inocentes de la traición, siguen sin ninguna explicación de por qué su voto se ha convertido en papel mojado. Y, lo que es peor, todo hace presagiar que volverán a las urnas sin saber si la llamada trama de Madrid es una conspiración de la derecha y los constructores, como denuncia el PSOE, o una lucha entre los clanes urbanísticos socialistas, como sostiene el PP.
Para guardar las formas, los populares han permitido constituir una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, pero han limitado su margen de maniobra por dos vías: cercenando la lista de comparecientes e impidiendo que los diputados pidan documentación a los estamentos públicos. De este modo, el PP pretende convertir esta comisión en un altavoz de los tránsfugas y sus compinches para someter al PSOE a un juicio sumarísimo. Ante estos escollos, debería ser la justicia la que arrojara luz sobre el escándalo. Sin embargo, el fiscal general, Jesús Cardenal, tiene más interés en acelerar el relevo del fiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, que en permitirle abrir diligencias. Todo un ejemplo de transparencia.
