La orden de busca y captura emitida por un juez chileno contra la viuda, los cinco hijos --tres de ellos arrestados ya-- y 17 antiguos colaboradores del general Augusto Pinochet subraya una vez más la rapiña económica que acompaña a la devastación moral intrínseca a todas las dictaduras. No hay desinterés ni altura de miras en los dictadores y sus acólitos, sino el ánimo de preservar los intereses de una camarilla adicta y enriquecerse al abrigo del poder. Esta norma tan simple no conoce excepciones y, en el caso de los Pinochet, se resume en millones de dólares desviados a sus cuentas entre 1980 y el 2004. Concretamente, la resolución judicial puntualiza que "el origen de 20.199.753,03 dólares no encuentra justificación razonable y todo hace presumir que se encuentra en los fondos de gastos reservados asignados a la Presidencia de la República, a la Casa Militar y a la Comandancia en Jefe del Ejército de Chile". Este caso se abrió hace tres años tras descubrirse que el exdictador mantenía cuentas secretas en el Riggs Bank de Estados Unidos, en las que había acumulado una fortuna superior a los 26 millones de dólares.

Que el general escapara en vida a la acción de las justicias española y chilena, mediante el recurso a toda suerte de juegos de manos legales, no hizo más que extender la sospecha de que, detrás del golpista, se escondía el expoliador. Por los caminos convencionales del respeto a la ley, la presunción de inocencia y el derecho de defensa era imposible que el dictador eludiera la acción de los tribunales. La documentación acumulada por varios magistrados, entre ellos Juan Guzmán Tapia, y asociaciones cívicas era apabullante, y si Pinochet expiró en diciembre como un hombre libre, se debió sobre todo a la confusión procesal alimentada por sus abogados.

Otros villanos que, como el dictador chileno, se adueñaron del Estado esperan dar cuenta de sus fechorías. Es una señal de que, aunque sea muy levemente, algo se ha avanzado en América Latina en lo tocante al respeto y la protección de las instituciones, baqueteadas con harta frecuencia por depredadores de toda condición.

El hecho de que el exgeneral Montesinos purgue en una cárcel peruana sus desmanes, y de que su exjefe, Alberto Fujimori, aguarde en una celda la hora de responder ante la justicia resulta reconfortante. Lo mismo puede decirse de la larga lista de matarifes argentinos que han pasado por el juzgado y se encuentran en diferentes situaciones procesales o cumplen condena. Otros, con tantos o más méritos, hicieron en el pasado burla de los derechos humanos y vaciaron las arcas sin tener que responder nunca por ello.

Nada ni nadie puede reparar el profundo daño causado a la sociedad chilena por la dictadura que llenó el periodo 1973-1990. En cambio, sí es posible dejar a salvo la dignidad de las víctimas de un régimen vesánico. Pedir cuentas a los Pinochet es uno de los caminos más honorables.