WLw a detención por orden del juez Baltasar Garzón de los 23 miembros de la mesa nacional de la formación ilegal Batasuna marca un nuevo paso en la política de mano dura que se está llevando a cabo sobre la banda terrorista ETA y su entorno en los frentes judicial, policial y político que puede apreciarse desde que la organización terrorista decidió acabar con el alto el fuego anunciado en marzo del pasado año.

De momento, el juez de la Audiencia Nacional vincula su decisión al hecho de que Batasuna seguía con su actividad política en apoyo de la vuelta de la banda ETA a sus actividades armadas. Si el juez Garzón logra, por tanto, probar tal vinculación, la decisión parece jurídicamente impecable. Estaríamos en tal caso ante un correcto funcionamiento del Estado de derecho, como ayer mismo se apresuró a manifestar en una comparecencia la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

Nos movemos, sin embargo en estos momentos, en un terreno complicado, porque los dirigentes de Batasuna realizan con frecuencia declaraciones públicas que resultan ambiguas, hacen política --pese a tener sus sedes clausuradas-- y han mantenido no hace tantos meses contactos con otras formaciones vascas plenamente democráticas.

Es evidente, pues, que el juez Garzón no se ha sustraido al nuevo clima en relación con el conflicto vasco que se produjo tras el atentado en la T-4 del aeropuerto de Barajas en Madrid, en el mes de diciembre del año pasado, y con el anuncio formal efectuado seis meses más tarde de que la banda terrorista ETA volvía a su actividad terrorista en todos los frentes.

Una vez que ha fracasado el proceso de diálogo abierto, ha vuelto la estrategia de arrinconar a los miembros de ETA mediante el acoso a sus tentáculos en los campos de la política, la financiación y la propaganda.

Estamos, por así decirlo, en el mismo punto que cuando el Gobierno del expresidente José María Aznar, también en aquella época con Baltasar Garzón de su lado, logró apretar las clavijas hasta conseguir que se ilegalizara a los grupos más importantes de la llamada izquierda aberzale.

Está por ver si el posible encarcelamiento de estos 23 cuadros de Batasuna --que se sumaría a los ya practicados sobre los dirigentes Arnaldo Otegi, José María Olano y, desde ayer, Joseba Alvarez y Ohiana Agirre-- va a ser, como se insinúa desde el Gobierno vasco y el Partido Nacionalista Vasco, una iniciativa estéril o bien va a ser el prólogo de la salida total de los aberzales radicales de las instituciones, donde ahora les representan el Partido Comunista de las Tierras Vascas, en el Parlamento de Vitoria, y Acción Nacionalista Vasca, en algunos municipios.

Lo que parece inevitable es que las detenciones produzcan reacciones violentas en forma de kale borroka y quién sabe si en un intento desesperado de algún comando etarra por dejar oír sus bombas o sus pistolas.[,02]