Los piratas de mar son un anacronismo vigente en forma de delincuencia organizada. Amparados en la ausencia de un Estado de derecho, lo que les permite tener base de operaciones en Somalia, los filibusteros atacan barcos como si fueran escenarios del siglo XVII pero con la tecnología de cobros de rescate del siglo XXI. Nada que objetar al pago como fórmula imprescindible de proteger la vida de los secuestrados. Pero tenemos derecho a saber si pagó el armador o fue el Estado español quien se hizo cargo del rescate. También convendría aclarar el papel jugado por los abogados de Londres en lo que parece la infraestructura necesaria para el crimen organizado: ¿su labor es humanitaria o forma parte del negocio, por el que reciben un pago de los bandidos? Si fuera así, no sería imposible seguir el hilo hasta hallar el ovillo. El PP se equivoca haciendo oposición de este asunto de seguridad nacional. Recuerda demasiado su obsesión por sacar jugo del terrorismo en la pasada legislatura. Pero el Gobierno no acierta si trata de ocultar los detalles de su gestión. La ley puede entender que el armador pague por un problema de humanidad y de conciencia. La ley también puede entender que el Estado pague como un requisito puente entre la salvaguarda de la vida de los secuestrados y la puesta en marcha de la persecución de los delincuentes. ¿Así ocurrieron las cosas? Que los mares sean lugar seguro de tránsito compete a los organismos internacionales porque parece una realidad insoportable que el mundo globalizado no pueda asegurar las transacciones internacionales ni el transporte de mercancías por la presencia de corsarios del siglo XXI. En espera de medidas eficaces que aseguren la circulación por los mares, el Estado español debiera hacer un gesto claro de autoridad intentando la detención de los delincuentes. De otra manera, estos pueden entender que tienen abierta una vía de negocio con cualquier barco español que circule al alcance de su mano. El ministro de Exteriores puede optar por comparecer en la comisión de secretos oficiales, pero no puede hurtar al Parlamento los detalles de este asunto.