El Gobierno acaba de recurrir a la receta clásica de la inversión pública para tratar de frenar la severa sangría de empleos que sufre la economía de nuestro país en los últimos meses. El plan, que fue presentado el pasado jueves en el Congreso de los diputados por el presidente Rodríguez Zapatero, prevé una inversión de 11.000 millones de euros, con cargo a la deuda, con la que aspira crear 300.000 puestos de trabajo el próximo año.

La parte del león de esa nada despreciable cifra --8.000 millones de euros-- se refiere a inversiones extraordinarias que harán los ayuntamientos y que deberán cumplir tres requisitos: ser actuaciones en proyectos nuevos; que ocupen a parados; y que se presenten antes del 24 de enero del 2009. Es decir, estamos ante una operación que puede tildarse de relámpago, como corresponde a la gravedad de la situación, cuyo éxito dependerá de lo limpio que jueguen las administraciones locales, que son las que van a gastarse esos fondos extraordinarios. Si, como algunos analistas temen, los ayuntamientos utilizan tales recursos para tapar agujeros o rematar proyectos en marcha, no se satisfará la prioridad de crear nuevos puestos de trabajo.

Y lo mismo cabe decir del resto de inversiones previstas en los sectores del automóvil --800 millones--, medioambiente --600 millones--, I+D+i --500 millones--, etcétera. Si los proyectos no se ejecutan con eficacia y un hilo conductor básico, que es el empleo que se tenga que crear con ellos, estaremos ante otro plan de buenas intenciones pero de dudosa eficacia. Y algo de eso hay en los sucesivos paquetes que periódicamente anuncia el Gobierno, que se resumen en 80 medidas, algunas de las cuales han sido, por su dispersión, vitaminas que no han restablecido al enfermo.

En lo que sí cabe dar un margen de confianza a Rodríguez Zapatero es en el recurso al déficit público, que con estas inversiones superará ya este año la barrera del 3% del PIB, límite impuesto en su día por la Unión Europea, aunque ante la crisis vayamos hacia una lógica flexibilización de ese criterio. Todos los países reunidos en Washington hace dos semanas, en el G-20 ampliado con España y Holanda, coincidieron en que la inversión pública es una de las vías para la recuperación, puro keynesianismo. Por tanto, sí a un mayor endeudamiento, pero máximo control y máxima responsabilidad a la hora de utilizar esos recursos que hay que pagar en el futuro.

Por lo demás, la caída de la inflación, que ya está en el 2,4% interanual, y la del euríbor, que permitirá desde ahora un descenso en los recibos de las hipotecas, son dos factores que contribuirán a que se anime el consumo, ahora muy deprimido. Mientras esto sucede, el Estado debe poner toda su maquinaria en marcha.