Que las tres capitales de la región no cumplan los planes urbanísticos de los que se han dotado es preocupante, sobre todo si algunas de ellas han anunciado ya que desean reformarlos en breve porque no se adecúan a las actuales exigencias de la ciudad. La situación es especialmente significativa en Cáceres y Mérida, donde los PGOU no han avanzado al ritmo que se habían marcado sus redactores cuando decidieron hacer uno nuevo no hace muchos años. En Badajoz la situación es diferente, ya que su norma data de 1989. Y si los planes no se han ejecutado es porque quien los diseñó no tuvo en cuenta algunos parámetros fundamentales, ya que de lo contrario no se entiende tanta modificación parcial de la norma básica en los pocos años de existencia de ésta. Los promotores van más allá y culpan a la burocracia municipal de que no se pueda construir al ritmo adecuado para poder cumplir los objetivos, ya que todo apunta a que hay disponibilidad de suelo para edificar. Sea como fuere, lo cierto es que más de 15.000 viviendas proyectadas en los planes urbanísticos de las tres capitales aún no se han edificado y otras tantas están paralizadas. Cuando se pide revisar un plan, primero hay que justificar por qué, ya que es mucho el dinero que nos cuesta a los contribuyentes la redacción de uno nuevo.
