La Consejería de Educación ha suprimido el primer curso del ciclo de Formación Profesional de Administración y Finanzas del Instituto San Pedro de Alcántara, de la localidad de Alcántara, dos semanas después de empezar las clases. Los tres alumnos matriculados, si quieren continuar con esos estudios, tendrán que ir a otras localidades (el padre de uno de ellos asegura que la Junta le había ofrecido ir a Cáceres, distante de Alcántara 65 kilómetros, pero con los gastos de su cuenta).
Se cruzan en este caso el derecho de los alumnos a elegir los estudios que quieran con la obligación de la Administración de racionalizar los recursos de la manera más eficiente posible. En este sentido, no hacen falta muchos esfuerzos para que los ciudadanos entiendan que es insostenible un curso en el que hay más profesores (cuatro) que alumnos y que hay que arbitrar medidas para evitar estas situaciones. Pero en este caso concreto, el hecho de que se hubiera iniciado el curso y de que la suspensión del mismo haya llegado dos semanas después supone la conculcación del derecho de los alumnos. Otra cosa hubiera sido, y para ello está facultada legalmente la consejería y así se advierte a los que se matriculan, que las clases no hubieran empezado. El secretario de Educación, César Díez Solís, habla de que su departamento se esforzará el próximo cursos en hacer una planificación de la FP que ajuste oferta y demanda. Su pretensión es digna de apoyo, pero mientras tanto, si la Administración da inicio a un curso debería terminarlo.
