Este periódico viene informando de que los juzgados están dando la razón a personas que han sido contratadas temporalmente por el Ayuntamiento de Plasencia de forma irregular y a las que se les tiene que readmitir o indemnizar. El quebranto para las arcas municipales se desconoce, así como el número de personas en esta situación, si bien los sindicatos calculan que pueden ser varias decenas. En cualquier caso, el consistorio está teniendo que pagar miles de euros por cada trabajador --en algún caso hasta 24.000--, a razón de 45 días por año trabajado, la indemnización fijada en la ley por despido improcedente.

El asunto bastaría para despedir, y en este caso sin indemnización ni readmisión posible, a los responsables de una práctica calificada de ilegal primero por la Inspección de Trabajo y ahora por el juzgado. Con mayor motivo si, como ayer publicada este diario, las advertencias sobre el fraude de ley en las contrataciones las viene haciendo la Inspección de Trabajo desde hace seis años.

Lo último que se espera de un gobierno elegido por los ciudadanos es que no cumpla con las leyes; mucho menos que persista en el incumplimiento después de tener fehaciente constancia de la ilegalidad. Eso ha ocurrido en Plasencia, donde ni siquiera una política de Personal guiada por el clientelismo, en lugar de por el interés general, explica por qué se han hecho tan mal las cosas en la ciudad. Y, sin embargo, una explicación es lo mínimo que merecen los que, con sus impuestos, sufragaron primeros los contratos y ahora sufragan las indemnizaciones.