WEw l Papa llegará hoy a Madrid entre la alegría de los cientos de miles de peregrinos de todo el mundo que le aguardan y el disgusto de quienes consideran que la visita de Benedicto XVI desborda el marco estrictamente confesional de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) y ha implicado la movilización de recursos públicos más allá de toda medida. Aunque la manifestación de ayer de estos últimos --creyentes y no creyentes-- ha sido calificada por algún integrante de la Conferencia Episcopal como "ridículo histórico", lo cierto es que es la expresión cívica y democrática de una sociedad plural. Una sociedad en la cual la impronta católica es patente, pero en la que el sentimiento religioso, el laicismo y el contacto con otras culturas han diversificado la práctica religiosa y han hecho crecer el porcentaje de quienes se declaran agnósticos o ateos.

Estos datos recurrentes, que reflejan un retroceso de la feligresía católica, no justifican el tenor de algunas críticas referidas a la utilización intensiva del espacio público, al coste del despliegue de seguridad y a las tarifas especiales de transporte para los peregrinos. Es innecesario repasar la lista de acontecimientos políticos o deportivos, en Madrid, Barcelona y otras ciudades españoles, para concluir que siempre, ante eventos excepcionales, se adoptan medidas excepcionales. No hacerlo ahora y haberlo hecho antes sería una muestra de exclusión sin sentido dirigida a un colectivo perfectamente respetable. Por no hablar de los beneficios derivados de actos multitudinarios como la JMJ en términos de proyección exterior y de atracción del turismo.

Y no solo tangibles, también los hay intangibles. Un ejemplo lo hemos encontrado en Extremadura, donde 3.000 peregrinos de los cinco continentes han convivido con decenas de familias extremeñas durante cinco días. Los testimonios recogidos por este periódico dan muestra del enriquecimiento humano y cultural de las personas que han participado en estos días de convivencia con personas de múltiples etnias y razas.

Sí resulta francamente discutible, en cambio, que disfruten de ventajas fiscales las empresas asociadas a un acto circunscrito a los seguidores de una confesión religiosa, la católica en este caso. Porque, salvo que sirva de precedente y todo acontecimiento religioso futuro con patrocinio privado tenga las mismas exenciones, habrá que convenir que se trata de un caso de discriminación positiva que casa mal con el carácter aconfesional del Estado.

Todo lo demás, de los confesionarios en la vía pública a los cortes de tráfico, es también el reflejo de una sociedad plural.