WLwos ayuntamientos extremeños dejan de percibir casi 10 millones de euros debido a la supresión del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). El gobierno del PP decidió que, a partir del 2003, la inmensa mayoría de los que debían pagar quedaban exentos de hacerlo. Desde entonces, los alcaldes de toda España claman para que el Estado les compense por esta pérdida. Hasta ahora, no lo han conseguido. Una de las voces cantantes de esta reivindicación municipal es el presidente de la Diputación de Badajoz, Juan María Vázquez , que en su calidad de vicepresidente de la Federación Española de Municipios ha presentado propuestas para que los Presupuestos del Estado incluyan esas compensaciones. Lo que está defendiendo Vázquez no es sólo dinero, es la deuda del Estado para con los municipios, la administración pobre por excelencia, la más cercana al ciudadano y, por eso mismo, la que se responsabiliza de problemas que otras administraciones, más alejadas de la gestión del día a día, no asumen aunque legalmente les toque hacerlo. Hacer justicia a los ayuntamientos y darles lo que se les debe --en el sentido contable y en el moral-- es una asignatura que parecen suspender todos los gobiernos, independientemente de su signo ideológico.
