El caso de Plasencia es fiel reflejo de una realidad en Extremadura que, si nada lo remedia, llevará a un plante policial el mismo día de las elecciones. En la capital del Jerte hay destinados 41 policías nacionales, de los que sólo 22 están en activo y que, a duras penas, pueden cubrir los servicios esenciales de seguridad que se les requiere, siempre sometidos a un continuo sobreesfuerzo que palie la situación. Algo similar ocurre en otras comisarías como Almendralejo o Badajoz, donde las plantillas se manifiestan hoy sobradamente insuficientes. Los sindicatos han dado la voz de alarma ante un problema que ha animado a algunos sectores empresariales a ampararse en la seguridad privada. La llegada de agentes en formación a las comisarías o las escasas incorporaciones no han bastado para suplir las últimas bajas laborales en una plantilla, cuya media de edad ronda los 50 años. La advertencia sindical de ir a la huelga el 25-M, debido a los turnos establecidos para cubrir la jornada electoral, no es más que la punta del iceberg de un problema que viene dándose en cada una de las comisarías extremeñas y que tiene como consecuencia última un repunte de las acciones delictivas de las que no escapa ni el coche particular del delegado del Gobierno, tal como revelan los propios sindicatos.
