Todo el mundo sabía, hasta el impulsor, en este caso el PP, que el PSOE extremeño iba a echar mano de su mayoría absoluta para rechazar una comisión de investigación sobre la gestión de las residencias de mayores durante la crisis de la covid-19. Era una obviedad por mucho que el líder de los populares, José Antonio Monago, estuviera diciendo, con grandes dosis de cinismo e ironía, que no tenía ninguna duda de que el presidente Fernández Vara iba a darle el visto bueno a la misma tras haber dicho en sede parlamentaria que no tenía nada que ocultar. Sin embargo, como todos esperaban, incluido el PP, llegó el día del debate en la Asamblea de Extremadura y los diputados socialistas dijeron al alirón que no, que por nada del mundo iban a someter al gobierno que amparan a un juicio sumarísimo donde tiene poco que ganar y, por el contrario, mucho que perder.
Las mayorías absolutas no dejan de ser un balón de oxígeno para cualquier gobierno. Sirven para sacar adelante una iniciativa sin tener que buscar los apoyos fuera de casa, pero también para bloquear toda incomodidad que se le ocurra a los partidos de la oposición. El jueves pasado los 20 votos del PP no valieron más que para el pataleo. Y eso que se sumaron Ciudadanos (7 escaños) y Unidas Podemos (4 escaños). Los 34 diputados del PSOE les pasaron por encima y se acabó la fiesta.
A nadie le sorprenderá si digo que la intención última del PP era poner en un brete al gobierno. De hecho, la actuación de los populares desde el inicio de la crisis ha sido la crítica de la gestión propiamente dicha con apariciones en vídeo de Monago casi a diario. La estrategia de ahora era continuista: plantear una comisión de investigación al PSOE y si dice que no acusarle de rodillo; y si es tan ingenuo y dice que sí prepararle una encerrona de la que sea imposible salir si no es como perdedor o incompetente. Prueba de ello es que en otras comunidades autónomas donde gobierna el PP y es el PSOE quien ejerce la oposición, Madrid o Andalucía por ejemplo, ha ocurrido justo lo contrario: quienes piden comisiones de investigación son los socialistas y quienes se resisten con uñas y dientes son los populares. En resumen, lo mismo que en Extremadura: intereses partidistas pero con los papeles cambiados.
La experiencia me dice que las comisiones de investigación sirven de poco para sacar a la luz la verdad de algo. Se trata más bien de instrumentos de la oposición para desgastar al gobierno o de maniobras de distracción de éste cuando quiere dilatar en el tiempo una cuestión que pretende muera de aburrimiento. Sin embargo, siempre que hay una cuestión polémica, ahí está la comisión de investigación parlamentaria y un partido planteándola.
¿Alguien recuerda en qué acabó la comisión de investigación de Acorex y Caja Rural de Extremadura impulsada por el PSOE, Podemos e Ciudadanos contra la gestión del PP? En nada. Todavía recuerdo cuando Monago decía entonces que todo era «un ajuste de cuentas del tripartito» contra él y no hubo ni conclusiones comunes dado que cada grupo votó las suyas y ninguna salió adelante. ¿Y la comisión de investigación de 2019 sobre la contratación de personal en el sector público empresarial de Extremadura desde el año 2007 hasta la actualidad? Lo mismo salvo que Podemos dijo que daría traslado de sus conclusiones a la Fiscalía y hasta hoy. Incluso más antaño, ¿en qué acabó la comisión de investigación sobre las ayudas europeas de la PAC en el campo extremeño con comparecencia de la folklórica Carmen Sevilla incluida? ¿Alguien lo recuerda?
No estoy diciendo que no haya que utilizar este instrumento político, Dios me libre porque no soy quién, pero estarán conmigo en que su eficacia deja bastante que desear.
Es obvio que algo ha pasado en las residencias de ancianos. Los fallecimientos en geriátricos representan el 83,24% del total de muertos oficiales en Extremadura por la pandemia (432 de los 519), el tercer porcentaje más alto entre todas las comunidades autónomas después de Aragón y Navarra. Hay una causa penal que se quiere impulsar en Cáceres contra la gestión en una residencia en concreto, La Asistida, el centro más castigado donde se podrá averiguar si ha habido falta de diligencia y responsabilidad por omisión de socorro.
Pero ojo, que quede claro, esto no es exclusivo de Extremadura. La Fiscalía ha abierto ya 224 diligencias penales por lo sucedido en los geriátricos españoles. Solo en Cataluña hay en curso 35 diligencias y en Madrid 110. Castilla-La Mancha le sigue con 22 y Castilla y León y Galicia ambas con 13. De momento veamos las responsabilidades penales y, si las hay, ya vendrán por sí solas las políticas. ¿No les parece?
