WUw n legado negativo de la transición española fue la estrecha relación que se creó entre políticos y periodistas, y que con el paso de los año ha llegado a consolidarse como una de las peores perversiones periodísticas: la de desconocer los límites del oficio, marcados por la necesidad de separar sin ningún género de dudas para el receptor la información y la opinión. Un periodista informa y, si se tercia, opina; pero no debe hacer política en el ejercicio de su profesión. Ahora bien, que no se deba hacer no quiere decir, y a la vista está, que no se haga: la tendencia a la prostitución es universal.

No es extraño, por ello, que nuestro país haya sufrido dos abscesos graves de este mal: en el período transcurrido entre 1993 y 1996, cuando se bordeó el golpe de Estado mediático --Anson dixit-- para hacer efectivo el aznariano "váyase, señor González", y, en los días que corren, cuando el sector más ultramontano del PP y los más arriscados representantes del periodismo trabucaire abruman a la opinión con investigaciones sospechosas, con la finalidad de desestabilizar al Gobierno que surgió de unas elecciones cuyo resultado no aceptan. Y si, para ello, han de hacer tabla rasa de la justicia y de los cuerpos de seguridad del Estado, ¿qué más da? A ellos, el Estado les importa una higa. Van a lo que van: a la recuperación del poder como sea. Por eso, la única reacción lógica frente a estos desmanes es el apoyo sin fisuras a las instituciones, es decir, a la ley, que a todos nos hace libres y a todos nos iguala.

Un diario, El Mundo , da credibilidad a la versión de uno de los principales implicados en la matanza del 11-M en Madrid, Emilio Suárez Trashorras, el exminero asturiano que, según la acusación, proporcionó a los terroristas islamistas los explosivos utilizados en los trenes atacados y que sirvieron para dejar sin vida a 191 personas, quien modifica cuantas veces haga falta sus declaraciones judiciales y policiales anteriores para ajustarlas a la tesis de la derecha de que detrás de la matanza no hay sino un golpe de Estado para impedir que el PP ganara las elecciones. En este golpe de Estado estarían implicados desde los terroristas etarras a policías, jueces e incluso algunos dirigentes socialistas. Una versión ésta, apoyada por otras supuestas exclusivas de ese medio, pero que no se sostiene con prueba alguna. Que, por el contrario, se contradice con toda la investigación policial y judicial, incluso la que se llevó a cabo en las últimas semanas del Gobierno de Aznar.

Lo más patético de todo este triste asunto es que el PP se hace eco de tamaño despropósito y lo lleva al Parlamento. Por eso tiene razón el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba cuando califica de "bochorno" que se someta al Congreso de los Diputados a semejante espectáculo.