Cuando más necesitados estamos en España de que la política se acerque al origen etimológico de la palabra -el arte de ocuparse de los asuntos de la polis o ciudad-, ocurre justo todo lo contrario: la política cada día se aleja más de las preocupaciones concretas de los ciudadanos. Si esta era ya una tendencia en las actitudes y los discurso de algunos responsables públicos antes de la crisis del covid-19, esta deriva se ha acrecentado durante la pandemia. El último episodio, en el plano de la gestión de la crisis sanitaria, lo hemos vivido en la Comunidad de Madrid donde no sólo han fallado los instrumentos técnicos para atajar la segunda ola de la pandemia, sino también la lealtad mutua que exige la cogobernanza en un Estado autonómico. Entre tanto, en el escenario parlamentario, los grandes partidos de gobierno -PSOE y PP- han sido incapaces de consensuar la renovación del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ).

Es verdad que la estrategia del cuanto peor, mejor de Pablo Casado explica en buena parte el actual bloqueo, pero el intento de Pedro Sánchez de activar una reforma legislativa para cambiar el sistema de elección del CGPJ es más un parche que una solución. Se podrá sortear este obstáculo concreto, pero los pactos de Estado serán necesarios no solo para abordar la elección de otros organismos para la que se precisa de mayorías cualificadas, sino también para afrontar el estado de alarma socioeconómico y aunar criterios para gestionar la ayudas europeas.

Una acotación: el intento de la derecha de monopolizar la defensa de la Monarquía parlamentaria es el peor servicio que puede prestarse a la institución.

En resumen, la política española se encuentra bajo mínimos, como aquellos aeropuertos donde las pésimas condiciones climáticas impiden que los aviones puedan despegar. Los retos que la ciudadanía tiene por delante solo se podrán abordar si sus representantes abandonan el vuelo gallináceo y recuperan, en las formas y en el fondo, el sentido primigenio de la labor política. El pacto entre el Gobierno y los agentes sociales para prorrogar los ertes marca el camino.