José María Aznar se despidió el pasado miércoles del Congreso de los Diputados. Ayer, en la votación de la reforma del Código Penal diseñada para amenazar con cinco años de cárcel a Juan José Ibarretxe, a Juan María Atutxa y, si se tercia, a Pasqual Maragall, se vio qué herencia deja. Amenazas, intransigencia y crispación.
Ningún grupo, excepto el Partido Popular, aceptó votar esta medida, introducida subrepticiamente para esquivar el debate parlamentario. La sesión acabó entre gritos y pancartas, con un Gobierno cada vez más aislado.
La respuesta penal al plan Ibarretxe supone una peligrosa y evitable reintroducción del delito político. Es cierto que el proyecto del lendakari alienta las esperanzas de los violentos de obtener contrapartidas por sus crímenes, prevé tramitar reformas constitucionales fraudulentamente y busca convocar un referendo ilegal. Pero no hay en él nada que no pueda ser combatido a través de la discusión parlamentaria, la negociación, el voto en contra o los recursos a las instancias correspondientes. Son los instrumentos de la política democrática en un Estado de derecho, aunque parecen incomodar a un PP en plena euforia autoritaria.
