Conozco decenas de hombres y mujeres que han sido o son alcaldes y alcaldesas de ciudades y pueblos extremeños; de distintos partidos e ideologías, que con su mejor saber y entender han gobernado o gobiernan los ayuntamientos extremeños, en nombre de sus convecinos. La inmensa mayoría de ellos son como los ciudadanos a los que representan, gente honrada, trabajadora. La inmensa mayoría de ellos han antepuesto y anteponen los intereses generales a los propios.

Creo que este periódico, con el que he coincidido muchas veces, que ha albergado muchas veces mis opiniones, ha cometido una injusticia con este colectivo al publicar en portada, como si fuesen delincuentes, las fotos de 12 de estas persona, debajo de las cuales aparecen los delitos, no por los que han sido condenados, ni tan siquiera imputados, sino, por los que, al parecer, son investigados.

Ya da lo mismo cuál sea el resultado de esta investigación; ya da lo mismo que sean o no imputados; ya da lo mismo que sean o no condenados. Hoy, ellos, y con ellos el colectivo del que forman parte, han ingresado en la cárcel de papel. Flaco servicio a la presunción de inocencia a la que todos, incluidos los cargos públicos, tenemos derecho.

Soy consciente de que en España, en estos momentos hay un problema, un grave problema, provocado por los cargos públicos que han sido imputados o condenados por casos de presunta o demostrada corrupción. Soy consciente de que esa situación constituye un cáncer para nuestro sistema democrático, que mina la confianza de los ciudadanos en los políticos y en la política, y al que los partidos políticos no están aplicando el tratamiento adecuado. Pero esto no justifica, en mi opinión, que se abra una causa general contra los políticos y, menos aún, contra los alcaldes y alcaldesas de esta región.

Antonio Rosa Plaza **

Depaex