El propósito del Gobierno y del PSOE de mantenerse al margen de cualquier polémica con Venezuela es el último de una cadena de errores o indecisiones injustificables. Con el eco de la última andanada disparada contra España por el ministro venezolano de Asuntos Exteriores, Nicolás Maduro, resulta totalmente incomprensible que se tenga por suficiente el compromiso de Caracas de cooperar en la lucha antiterrorista --algún etarra es o ha sido funcionario del Gobierno de Hugo Chávez-- y se evite "abrir polémicas".

La realidad es que la polémica se abrió en el mismo momento en que la república bolivariana empezó a desbarrar a propósito del auto redactado por el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, y no ha dejado de practicar la escalada verbal hasta llegar a las manifestaciones de Maduro, que ha acusado a Velasco de estar asociado "a la mafia de José María Aznar".

Además del deber institucional de responder a los improperios de Maduro, el Gobierno tiene la obligación política de defender ante la opinión pública un criterio único. Pero desde que fue incapaz de aclarar si pidió explicaciones o información al Ejecutivo venezolano sobre su vinculación con ETA, no ha habido forma de esclarecer la situación. Antes bien, parece que un exceso de prudencia atenaza al Ministerio de Asuntos Exteriores y permite que lleve la iniciativa Hugo Chávez, adscrito a la demagogia y la diplomacia vociferante.

La reacción del Partido Popular, inoportunamente desabrida, no ayuda en absoluto a poner negro sobre blanco la crisis en curso. En plena ofensiva contra el juez Baltasar Garzón y con varios frentes abiertos para condicionar a los órganos de gobierno del poder judicial, los populares son los menos indicados para pedir respeto por la independencia de los jueces. Por lo demás, esta es una de las pocas cosas que ha hecho bien el Gobierno en este confuso caso.

Más razonable sería que el PP asumiera que en el 2002 --fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez-- encadenó errores que dañaron las relaciones con Venezuela, y desde entonces los ideólogos de la prédica bolivariana no pierden ocasión para recordarlo.

Tal comportamiento no justificaría la inoperancia del equipo de Rodríguez Zapatero para afrontar la situación, ni legitimaría a Maduro para decir lo que le venga en gana, pero encauzaría el debate. Porque es preciso exigir determinación al Gobierno, pero no lo es hacerle responsable único de la crisis.