Las inversiones territorializadas son las que el Estado hace en las distintas regiones (carreteras, puertos, aeropuertos, etc) y es la partida de gasto que goza de mayor discrecionalidad. Los Estatutos de autonomía reformados en los últimos años incluyeron preceptos en los que se requería al gobierno central destinar porcentajes específicos de la inversión total en sus respectivos territorios. Así, el Estatuto de Cataluña señala que la inversión en su territorio debe alcanzar su orcentaje de aportación al PIB español. Andalucía incluye una clausula similar reclamando inversiones equivalentes al porcentaje de población andaluza en relación a la española.

El patrón de inversiones del gobierno central debería responder a las necesidades de cada comunidad. Sin embargo, parece claro que no es así, sino que la inversión obedece a criterios de rentabilidad electoral y oportunidad política. Y en nuestra comunidad la rentabilidad electoral se reduce a los votos de Extremadura. Las inversiones en las dos Castillas y Aragón al ser territorios de paso para otras comunidades españolas serán más rentables electoralmente. En nuestra historia reciente la aprobación de los PGE ha estado condicionada frecuentemente por la inclusión de inversiones en los respectivos territorios. La negociación de los presupuestos de 2017 ha sido especialmente ilustrativa. El Partido Popular, una vez conseguidos los votos de los diputados vascos, ha sacado adelante los presupuestos por el voto de un diputado de Canarias. El compromiso de inversiones en esas comunidades ha sido decisivo para conseguir los apoyos.

Las cantidades destinadas a inversión crecieron entre 2003 y 2009 de forma importante pasando de 9.600 millones de euros en 2003 a 26.200 millones de euros en 2009. A partir de la crisis se produce una importante caída de la inversión que afectó especialmente a nuestra comunidad con una inversión anual que estuvo entre 300 y 400 euros/habitante y año. En el período 2008-2017 la inversión en Extremadura fue de 4.891 millones de euros para una inversión en España de 154.611 millones de euros. Es decir, el 3.2% del total de la inversión en el territorio español. Cuando se trata de inversión en comunicaciones, si Extremadura recibe año tras año algo más del 3% de la inversión y su territorio supone el 8,2% del de España, no sólo no convergerá sino que la distancia con respecto a otras comunidades irá aumentando.

Los diputados extremeños del PP y el PSOE han aprobado alternativamente presupuestos generales del estado que no contemplaban las necesidades de nuestro territorio. ¿Cómo se explica el apoyo a unos presupuestos que no garantizan la inversión que necesita el territorio al que representas?

Los presupuestos de 2011 constituyen un buen ejemplo: disminuyeron la inversión respecto a 2010 en un 33,7%. La delegada del gobierno justificó el apoyo de los diputados socialistas con los siguientes argumentos: «a pesar de esta reducción, la inversión del gobierno de Zapatero para el 2011 en Extremadura es superior a la inversión del gobierno de Aznar en el 2004. Además, la inversión en Extremadura es del 3,2% de la inversión en España mientras que nuestra aportación al PIB es tan sólo del 1,7% y nuestra población del 2,4%». Si cuando negociamos las inversiones territorializadas, aceptamos el criterio de la riqueza y la población y no el territorio, nadie debe extrañarse de que una comunidad pobre, despoblada y extensa aumente su distancia en relación a las comunidades ricas y densamente pobladas.

Sería necesaria una década con inversiones superiores al 10% de la inversión española para aproximar nuestro territorio al resto del país. Es evidente que conseguir un tren digno que articule nuestra comunidad y la saque del aislamiento es la primera prioridad, pero posiblemente en segundo lugar esté el desdoblamiento de algunas carreteras con importancia estratégica como la N-430 y la N-432. De poco servirán las manifestaciones, la escenificación de pactos o gritar hasta romper cristales, si llegado el momento de aprobar los presupuestos los diputados extremeños vuelven a olvidar el territorio al que representan y continúan aceptando una inversión en Extremadura que no dé respuesta a nuestras necesidades.