La crisis del euro no solo pone de manifiesto lo precario (o lo inexistente) de la arquitectura de gobernanza económica de la UE, sino que también tensiona las costuras un tejido democrático del que la UE nunca ha ido sobrada. El fallo del Tribunal Constitucional de Portugal contra la supresión de la paga extra a los funcionarios y otras medidas de ajuste aprobadas por el Gobierno luso bajo imposición de la troika (BCE, FMI y Comisión Europea) tiene claras (y graves) consecuencias económicas y políticas en Portugal pero también lanza un mensaje a los países que, como España, aplican ajustes bajo el dictado de la misma troika.
A lo que ha dicho no el TC portugués es a la imposición, sin consenso, de ajustes, y la respuesta del Gobierno del conservador Pedro Passos Coelho es que aplicará más recortes sociales. La austeridad se ha impuesto sobre los países del sur de Europa mediante un diktat basado en las condiciones de quien aporta el dinero: la troika (sobre la que la población no ejerce ningún control) dispone y los gobernantes locales imponen, sin tener en cuenta ni programas electorales ni los efectos nocivos sobre el crecimiento, la igualdad y la cohesión que conlleva la austeridad a ultranza y como fin por sí misma. España, donde PP y PSOE pactaron una reforma exprés de la Constitución, tiene en los tribunales procesos abiertos similares al portugués. Todos, empezando por el Gobierno, deberían fijarse en lo que está sucediendo en el país vecino.
