La Audiencia de Badajoz ha ratificado la sentencia condenatoria que dictó el Juzgado de lo Penal de Don Benito contra la alcaldesa de Valdehornillos, María de los Angeles Gil Mena, integrada, que no militante, en el grupo popular de ese poblado, pero en cuyo nombre gobierna. La sentencia condena a Gil Mena a un año de prisión por un delito de coacciones graves contra la secretaria-interventora titular de la localidad, Emilia Movilla Megías, y a diez de inhabilitación para cargo público por prevaricación administrativa, dado que colocó, a sabiendas de que era ilegal, a su compañero sentimental Miguel Angel Gómez Pérez, en el puesto de secretario-interventor.

Los hechos, ratificados por dos instancias judiciales, son los suficientemente graves, cometidos además en razón de su cargo de alcaldesa pedánea, como para que el PP hubiera expulsado del grupo popular a Gil Mena no a partir del momento en que se sentó en el banquillo, sino a partir del momento en que se abrió juicio oral contra ella. Mucho más cuando primero un juzgado y ahora el tribunal de la Audiencia, la ha condenado con severidad.

Sin embargo, el proceder del partido no va a ser ese. Según aseguró ayer su secretario provincial, Juan Antonio Morales, el PP va a esperar a que se pronuncie el Supremo, lo que en la práctica significa, dados los tiempos con que se mueven los asuntos en el Alto Tribunal, que llegará el próximo mes de mayo, vendrán las elecciones municipales y Gil Mena saldrá del consistorio porque cesará en su cargo.

El dirigente popular apela a la presunción de inocencia para no tomar la decisión de expulsarla del grupo. Se trata de un argumento endeble. La presunción de inocencia judicial no decae, efectivamente, hasta que no haya sentencia firme; pero los pronunciamientos de los tribunales, sea cual sea su nivel, se toman atendiendo a garantías procesales constitucionales, entre ellas el principio de contradicción y el derecho de defensa. Y precisamente por ello la relevancia de esos pronunciamientos no puede estar anulada por el hecho de que por encima de ellos existan otras instancias a las que acudir. Y en este caso, además, existe un hecho incontrovertible: un juzgado y un tribunal han coincidido en la valoración de la prueba y en la condena, una circunstancia que, políticamente, debería ser tenida en cuenta para que un partido democrático, tal como se reclama de sí mismo el PP, reaccionara en consecuencia.

El proyecto con el que José Antonio Monago, como presidente del PP extremeño y candidato a la Junta, se presenta ante los ciudadanos debería ser incompatible con el mantenimiento en el grupo de concejales populares de Valdehornillos de la dos veces condenada --provisionalmente, sí, pero dos veces legalmente condenada-- María de los Angeles Gil Mena. El mensaje de comprensión con comportamientos prevaricadores que trasladan los populares extremeños si mantiene en su cargo a la alcaldesa condenada quiebra la confianza y resulta insoportable.