El documento remitido por el Partido Popular a Izquierda Unida con el que pretende convencerla para que se abstenga en la investidura y le permita gobernar la comunidad, recoge el compromiso, entre otros extremos, de acometer un plan de austeridad que pasa por la sustitución de los coches oficiales por un parque móvil común a la Administración y por la disminución de las consejerías y de los cargos de libre designación, a los cuales, además, se les habrían de suprimir los llamados "privilegios". Esta pregonada vocación austera del PP, que viene reclamando con mayor intensidad desde que sobrevino la crisis y de la que ha hecho bandera durante la campaña electoral, se esperaba que se plasmara nítidamente en los gobiernos municipales --ganados y conservados-- recién constituidos. Lamentablemente no ha sido así. La información que se publica en estas páginas pone de manifiesto que, si bien en Cáceres y Plasencia hay dos liberados menos que con los gobiernos anteriores, en Badajoz y Don Benito continúan con los mismos de la pasada legislatura, y en Almendralejo y Mérida los mismos que tenían los socialistas.
El partido de José Antonio Monago está perdiendo una ocasión de hacer creíbles sus intenciones de austeridad, primero ante los ciudadanos, y segundo ante IU, a la que tiene que convencer de que con él en la Junta va a imperar el ahorro. El dirigente de Badajoz de Izquierda Unida, Manuel Sosa, no ha perdido el tiempo y ha recordado, con los datos de la capital en la mano, que el PP mantiene 11 liberados y 22 personas de libre designación, enfatizando que el PP no es fiable si habla de austeridad y no toma medidas para serlo.
