La moción de censura que Rajoy no le hace al Gobierno en el Congreso se la van a hacer los sindicatos en la calle y en los tajos. Ese el sentido de la huelga general del miércoles si nos atenemos al grito común del PP en el Congreso y los convocantes en el calentamiento previo: "Zapatero, dimisión".

La diferencia es que la reprobación del PP al Gobierno viene de lejos. Es de estructura y no de coyuntura. Lo que le toca como principal partido de oposición parlamentaria y, por tanto, alternativa de poder. En cambio la reprobación sindical es nueva, sobrevenida, inesperada y, según parece, de circunstancias. O sea, más debida a un ataque de contrariedad que a una discrepancia elaborada, permanente y de fondo.

Sin embargo, los líderes sindicales han forzado el discurso para que lo circunstancial --básicamente, la reforma del mercado de trabajo y los recortes en el gasto público-- se convierta en una descalificación sin paliativos de la política del Gobierno. Al menos eso se desprende de la crítica reflejada en el llamamiento público a la huelga general, que no va dirigida formalmente, expresamente, al Gobierno de España sino a un equívoco plural de gobernantes que "rebajan los sueldos, nos condenan al paro, abaratan el despido, congelan pensiones, privatizan la sanidad, recortan gastos sociales, suben impuestos, niegan el crédito o alargan la edad de jubilación".

Como se ve, excepto en lo de privatizar la sanidad, el PP podría firmar sin ningún inconveniente toda esa lista de quejas sindicales utilizadas para justificar la convocatoria de esta movilización. Pero lo cierto es que, a pocas horas del 29-S, no se pronuncia con claridad sobre su nivel de adhesión o de rechazo.

Hasta que los sindicatos anunciaron la convocatoria, sabíamos lo que el PP pensaba de los sindicatos. Los calificaba de inútiles, vendidos al Gobierno, apesebrados e insensibles al drama del desempleo. Pero ante la posibilidad de que UGT y CCOO puedan hacerle a Zapatero lo que le hicieron una vez a Aznar y cuatro a Felipe González , ese discurso se ha desvanecido. El verbo antes denigratorio contra los sindicatos se ha vuelto más razonable. O simplemente, ha sufrido un repentino apagón, si exceptuamos la particular ofensiva antisindical de Esperanza Aguirre , que es la parte insumisa del PP.

En definitiva, el PP no apoya la huelga general, o no dice que la apoya de forma explícita. Lógico. Sería irresponsable que lo dijera. Sin embargo, confía en que sirva para desgastar un poco más al Gobierno. Y hace lo que puede para que eso sea así. Por ejemplo, imponiendo en las comunidades o municipios donde gobierna, excepto en Valencia, unos servicios mínimos difíciles de aceptar por los sindicatos. Una fuente segura de incidentes durante la jornada del miércoles.