Con fraude a la ley que cambió la elección por parte del Senado de 4 de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional (TC) --los cuatro nombres se eligen ahora a propuesta de los parlamentos autonómicos--, el PP ha impuesto en las cámaras autonómicas que controla los nombres de Francisco Hernando y Enrique López (los representantes extremeños es al que han propuesto). Estos han sido, respectivamente, presidente y portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha terminado su mandato con casi dos años de retraso porque el PP no quería perder poder.

Tanto Hernando como López son de muy difícil asunción tanto por parte del PSOE como por los grupos nacionalistas, porque fueron parte activa en la orquestada campaña contra el Estatut y contra las leyes progresistas de la pasada legislatura.

Pero el Partido Popular también cree que, si se sabe mantener firme (y sabe hacerlo), bloqueará la renovación del TC, que necesita una mayoría de tres quintos en el Senado. ¿Por qué, pues, propone nombres que van a llevar al bloqueo durante meses --o años-- de la renovación del TC.

Primero, porque quiere que sea el Tribunal Constitucional actual el que dictamine sobre la reforma de la norma catalana. Tras la recusación de Pérez Tremps y la muerte del ultraconservador García-Calvo, en el TC hay un empate a cinco entre el bloque progresista y el conservador. El empate, que lleva al voto de calidad de la presidenta, hace presagiar una sentencia favorable, aunque con reparos, al actual Estatut. Y el PP teme que en el nuevo TC los progresistas impongan una sentencia más clara.

Pero hay más razones. Una la dijo Manuel Fraga en la Cadena SER el viernes, al subrayar que Hernando y López lo habían hecho muy bien en el CGPJ. El PP paga la fidelidad a los jueces militantes y lanza un aviso a los más temperados: el ascenso se gana con obediencia a Génova. Además, deja patente que el PP o se impone en las instituciones o las logra bloquear. Se desanima, así, la opinión progresista y se engrasan los apoyos derechistas. Y se ridiculiza la participación autonómica en el Constitucional.

Y la autoridad del PSOE se debilita. Tras la pasada legislatura, es increíble que los socialistas aceptaran una solución para el Consejo General del Poder Judicial, buena para los populares, sin garantizar el cambio del Tribunal Constitucional.

Se podrá decir en el mejor de los casos que es por buena fe, pero también puede ser por una precipitación que roza la incompetencia. El mensaje del PP es que ellos mandan más y mejor que Rodríguez Zapatero.