Desde que el Gobierno ha hecho pública su decisión de imbuir en los españoles una nueva cultura del agua vengo asistiendo a una cadena de opiniones que tratan de ridiculizar la medida y a quien la presentó. Pero todo es mucho más fácil.
El Ministerio de Medio Ambiente ha propuesto en el Consejo Nacional del Agua introducir algunos cambios en la Ley de Aguas. Busca desarrollar el artículo 45 de la Constitución que establece el derecho de todos los ciudadanos españoles a un medio ambiente y a un desarrollo adecuados. La sociedad debe ser consciente de que el agua no es un recurso ilimitado sino un bien escaso.
El cambio que el Gobierno pretende habla de obligar a las administraciones para que éstas garanticen que cualquier ciudadano tenga cubierto un abastecimiento de un mínimo de 60 litros por día de agua potable a un precio asequible. Busca en la medida una garantía legal que hoy no existe en la citada Ley de Aguas y un desarrollo del urbanismo sostenible al exigir a las comunidades autónomas que no autoricen nuevas urbanizaciones si no tienen garantizadas la cobertura de ese mínimo legal de abastecimiento de agua.
XCON LAx medida se intentan cumplir los parámetros marcados por la Organización Mundial de la Salud que, por una parte obligan a que la cantidad mínima de agua que un humano necesita para vivir se cifre en 30 litros por persona y día y por otra a que la cantidad mínima de agua necesaria para desarrollar una vida digna sea de 60 litros por persona y día.
Ahora bien, esta decisión no equivale a que no pueda consumirse más agua, tal como algunos afirman o a que todo lo que se consuma por encima de 60 litros vaya a ser objeto de recargo económico (entre otras razones porque no es el Gobierno quien fija las tarifas de agua, sino los ayuntamientos).
Quede pues claro --para cuantos opinan y opinan sin parar-- que el ministerio ni pone multas ni penaliza, sino que tan sólo realiza continuos llamamientos para que no se derroche el agua, al tiempo que señala como ejemplo a seguir el de aquellos ayuntamientos que están desincentivando el gasto innecesario de la misma mediante unos sistemas tarifarios fiel trasunto del valor real de líquido. Las cifras que dan el consumo medio de agua por habitante y día en España son realmente altas, más de 170 litros (en algunas zonas se llega a los 300 litros) al incluir llenado de piscinas, jardines y otros usos no imprescindibles.
Con su nueva decisión el Gobierno no hace más que cumplir las normativas europeas que establecen que en el año 2010 todos los países miembros tendrán la obligación de que los precios del agua en ellos reflejen los verdaderos costes de su obtención, tratamiento y transporte.
Porque, aunque es cierto que en España no existen restricciones en el abastecimiento de agua, en el mundo hay 15 millones de personas que mueren al año por falta del recurso, 1.400 millones no tienen acceso a un agua de calidad y 2.400 millones no acceden a sistemas de saneamiento. Y esta cifra puede elevarse en los próximos años.
*Portavoz del PSOE en el
Ayuntamiento de Cáceres
