WLwos familiares de las víctimas del siniestro en el cámping de Biescas, en agosto de 1996, recibirán una indemnización pública de más de 11 millones de euros, a pagar entre el Estado y la Diputación General de Aragón, en concepto de compensación por la pérdida de sus seres queridos.

Lo ha decidido la Audiencia Nacional, en una sentencia en que matiza las responsabilidades: ni el dueño de la zona de acampada de autocaravanas ni el municipio de Biescas conocían el riesgo real de ubicar el cámping en aquel sitio. La carga del error recae en la Administración aragonesa, que desoyó los informes pertinentes que existían, y en el Ministerio de Medio Ambiente, porque el accidente se produjo en la Confederación Hidrográfica del Ebro, competencia suya.

Esta tardía decisión judicial compensa patrimonialmente a los afectados por la vía administrativa. Pero queda claro que el Gobierno aragonés y el Estado incumplieron sus obligaciones al permitir las concesiones de acampadas en zonas de grandes avenidas de agua, con el agravante de que existían precedentes históricos y de que estaban advertidos por los técnicos. Y esas responsabilidades también deberían ser penales, porque se vulneraron leyes vigentes.