La evolución de los precios es el principal problema de la economía española, tal como ha reconocido el Gobierno en reiteradas ocasiones. Ante esta evidencia, los pasos que ha dado el Ejecutivo no han sido muchos. El más notable de ellos, echar la culpa a las autonomías menos liberales en el establecimiento de grandes superficies. Incluso ha puesto en marcha un seguimiento de la evolución de los precios de los alimentos, que concluye que su encarecimiento responde a la falta de competencia en la distribución comercial. Otro paso ha sido ordenar a Telefónica que aplique sus rebajas en noviembre, de forma que el IPC del mes ha bajado al 3,9% y ha tenido menos impacto en la revisión de las pensiones. Pero Telefónica subirá en enero la cuota de abono un 8%, con lo que el bálsamo durará poco.

España tiene un diferencial de 1,7 puntos con la media europea de inflación, lo que erosiona la competitividad de las empresas. Estas, además, se quejan de la incidencia de las tasas y los impuestos sobre sus costes. Y la reciente rebaja de los tipos de interés incorpora más presión sobre el consumo. No parece, pues, que las actuaciones del Ejecutivo sean suficientes ante un panorama tan poco alentador.