WEw l ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha anunciado su objetivo de "acabar con la cultura de las prejubilaciones" en España, de las que tanto se han beneficiado grandes empresas, monopolios de hecho, bancos e incluso empresas públicas para reducir o rejuvenecer sus plantillas a cargo del erario público, es decir, del bolsillo de todos.

Bien está que se quiera poner freno a este abuso: lástima que esto se haga cuando los grandes ya han usado y abusado de esa práctica para suprimir excedentes de plantilla y mejorar los beneficios con la tolerancia, si no complicidad, de los gobiernos de turno. Esto amenaza con provocar un comprensible agravio comparativo de quienes se vean afectados ahora por la crisis económica con su secuela de despidos y reducciones de plantilla.

Por eso, hace bien el ministro en dejar abierta la puerta de las jubilaciones anticipadas para situaciones de crisis en un sector determinado que justifiquen esta medida. No hacerlo sería tanto como dejar desprotegidos a trabajadores españoles que se quedan en la calle tras más de 40 años de cotización a la Seguridad Social, pero sin llegar a la edad legal de jubilación, la cual, por cierto, Corbacho quiere mantener a los 65 años. El ministro abandona así la pintoresca iniciativa de su antecesor, Jesús Caldera, de favorecer con incentivos la jubilación a los 70, y eso a pesar de que los trabajadores españoles son, en el mundo occidental, de los que más tardan en jubilarse. En España, la edad media de jubilación real oscila entre 62 y 63 años. En el Reino Unido, esa media se sitúa en 57 años, y en Alemania y Francia, en 59.

Este año toca revisar el Pacto de Toledo, que es el que suscribieron el Gobierno central y los partidos para garantizar la supervivencia del sistema de pensiones. En ese marco sería bueno encontrar alternativas justas a las jubilaciones anticipadas que ahora se repudian, como bonificar a las empresas por la reducción de jornada y la mejora de las condiciones de trabajo de los mayores de 52 años, o promoviendo los contratos de relevo entre los mayores de 60. Otra medida de justicia sería premiar de algún modo a quienes llegan a la edad de jubilación con más años de cotización que los exigidos para cobrar la pensión máxima. Porque aunque nuestro sistema de pensiones es de reparto y no de capitalización, es injusto tratar de forma absolutamente igual a los que no han aportado lo mismo; quien ha cotizado 37 años y quien lo ha hecho durante 45. O más.

Otro extremo que tiene claro Corbacho es el rechazo a lo que "propugnan sectores empresariales" referente a la necesidad de flexibilizar el despido para que "la empresa vaya mejor", porque entiende que la causa de la desaceleración económica no tiene un origen laboral.