Robos, ocupaciones y agresiones son algunas de las actividades delictivas en las que están implicados algunos menores extranjeros no acompañados (‘menas’). Los jóvenes conflictivos representan un pequeño porcentaje de este colectivo, pero bastan unos pocos para empañar el esfuerzo de tantos. Nuestra sociedad tiene el deber de proteger a los menores que buscan refugio en nuestro país, pero la defensa de sus derechos debe ser compatible con la protección del conjunto de la ciudadanía.

Policías y jueces ya miran con preocupación el incremento de delitos protagonizados por algunos de estos menores y su presencia creciente en centros para delincuentes juveniles. Los menores conflictivos son aquellos que no se han adaptado a los centros de las direcciones generales de Atención a la Infancia y la Adolescencia. Cabe recordar que los recursos dedicados a su acogida han sido y son claramente deficientes. Estos organismo no han podido atender a los jóvenes con la celeridad necesaria ni la calidad adecuada. En cualquier caso, los centros de acogida no son cárceles y la posibilidad de controlar la huida de los menores resultan limitadas. En la calle son tan peligrosos como vulnerables. Están solos, sin ningún familiar que les controle ni les cuide, sin recursos económicos ni una mínima infraestructura que les acoja. La droga, la delincuencia y la prostitución terminan convirtiéndose en sus únicas salidas.

La delincuencia es la indeseable consecuencia de una situación de inasistencia que numerosas asociaciones hace mucho que denuncian. La falta de implicación y de coordinación de las administraciones ha ido retrasando un plan integral de acogida, capaz de actuar tanto en momentos de emergencia como de forma continuada. El tema es complejo. Se necesitan recursos y valor para abordarlo.

Los buenos propósitos no resolverán el problema, pero entre la estigmatización y la inseguridad debe trazarse un camino. Las soluciones fáciles no existen. Aquellos que claman por las devoluciones deben saber que la ley las dificulta en extremo. Pero ello no justifica la inacción. Si no se actúa, el problema crecerá y se ramificará. A más violencia, mayor será el rechazo social, alimento para la xenofobia. La desprotección que sufren los ‘menas’ no deben sufrirla los vecinos, debe preservarse la seguridad apuntalando la convivencia.