Los hechos ocurridos en la localidad pacense de Mirandilla son preocupantes. No es usual que decenas de vecinos se amotinen contra una familia que, según todas las opiniones, lleva años deteriorando la convivencia cuando no haciendo de su capa un sayo. El último episodio, el que ha hecho que la situación explote, no deja lugar a muchas dudas sobre el comportamiento de los Molina toda vez que, ante las protestas de los vecinos el sábado, arremeten el domingo contra una mujer, la arrastran por el suelo y la golpean y disparan contra la gente causando tres heridos, afortunadamente de no mucha gravedad. En Mirandilla, los vecinos lo tienen claro: los culpables de esta situación son, en primer lugar, los que la provocan y, en segundo lugar, los que pudiendo evitarlo no lo han hecho: las fuerzas de seguridad. No es un asunto fácil de resolver, pero solo la aplicación de la ley puede hacerlo. José María Carrasco, el alcalde a quien le ha tocado lidiar con una situación delicada y compleja, ha pedido que los agresores no vuelvan a la localidad. Es un asunto que compete a los tribunales, pero la prudencia aconseja que, con independencia de lo que marque la ley sobre el ingreso en prisión de los culpables por las agresiones cometidas, esa debería ser una de las primeras medidas a adoptar. Que los Molina vuelvan a Mirandilla sería una irresponsabilidad que podría encender una mecha de consecuencias imprevisibles.

En Mirandilla han fallado las medidas preventivas. No es comprensible cómo no ha habido información para evitar estos sucesos. Está bien que se tomen medidas urgentes, pero hacerlo ahora solo se entiende como la solución de emergencia de un conflicto que debería haberse resuelto antes.