Los 27 miembros de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo sobre el presupuesto para el periodo 2014-2020 que aporta una gran novedad. Por primera vez en la historia, los fondos comunitarios disponibles disminuyen respecto del periodo anterior. Son 38.000 millones de euros menos para los siete años que comprende el plan. Este es el aspecto más importante del difícil pacto alcanzado de madrugada en Bruselas. Y es así por dos razones. De un lado, el trabajo de construcción y desarrollo de una Europa unida exige disponer de más recursos, puesto que a la vez que los países transfieren responsabilidades y competencias a la UE, esta debe tener los medios financieros equivalentes. De otro, porque en un momento tan delicado como el actual, en medio de la crisis más profunda de los últimos 80 años, las políticas de lucha contra la recesión precisan de instrumentos adecuados, lo que no es congruente con la reducción presupuestaria.

La cumbre de Bruselas ha estado muy marcada por la posición del Reino Unido y de Alemania, junto a otros países del norte, partidarios de la política de ajuste y de ahorro. Son los que han ganado el pulso. Frente a ellos, Francia, Italia, España y algunos del este defendieron una política más expansiva para hacer frente a la crisis, lo que requiere estímulos, es decir, más recursos. Pero no solo es una cuestión económica. Detrás de ambas posiciones anida el interés o el desinterés por imprimir más ritmo al proceso de unión. Ni que decir tiene que aquellos que nunca fueron los más entusiastas ahora ven en la situación de los socios del sur más motivos para su frialdad europeísta.

Desde el punto de vista español, contemplando solo los ingresos el balance tiene claroscuros. Mariano Rajoy enfatizó ayer desde esa perspectiva que el país seguirá siendo receptor neto en el periodo que se abre, frente a los temores de que hubiera pasado a ser contribuyente neto, una cuestión que en definitiva depende de la estadística. En su interés por hacer un análisis positivo, restó importancia a la disminución de las ayudas al campo y a los fondos de infraestructuras.

En el caso de Extremadura, el borrador sobre el que se trabajó a lo largo del día de ayer contemplaba 500 millones de euros en ayudas, una cantidad bastante pareja a lo que durante los últimos lustros se ha venido percibiendo. No es una mala noticia, aunque la mejor será cuando la comunidad logre un desarrollo socioeconómico que nos permita no tener que depender en tan gran medida de la UE.