Exactamente eso significa la palabra presupuesto: una previsión, una hipótesis razonada de lo que puede costar una obra o un trabajo.
Los presupuestos de la Comunidad Autónoma no son ni más ni menos que la previsión de todo lo que el Gobierno extremeño tiene que gastarse durante el año 2012, que asciende a 4.914 mill. de euros. Estos gastos se pagarán con una previsión igual de ingresos: 4.914 mill.
Estas dos previsiones, aunque sean cantidades idénticas, no son igualmente ciertas o seguras. Es mucho más segura la previsión de los gastos, porque sabemos exactamente cuantos médicos, enfermeros, profesores, bomberos,-, cuantas escuelas, institutos, residencias de ancianos, hospitales,..., cuantas ayudas se van a destinar a todo tipo de asociaciones y colectivos, en fin, la interminable lista de gastos que siempre se nos quedará corta.
En cambio, la previsión de ingresos no es tan segura. Suponemos que entre el IRPF, el IVA, los impuestos a los combustibles, el tabaco, las bebidas,-, vamos a recaudar los 4.914 mill. Esto es evidente y está claro que depende de dos factores: primero, de la actividad económica, y segundo factor, de la presión fiscal directa sobre la riqueza y el patrimonio.
Conviene saber que España ocupa el lugar número 20 en presión fiscal sobre los 27 de la UE, y que esta situación es el fruto de las decisiones que los gobiernos del PSOE y PP han tomado en los últimos años. Por ejemplo, que las rentas de capital tengan menos presión fiscal que las rentas de trabajo; que nos hayamos instalado cómodamente en un fraude fiscal del 23%; que se haya eliminado el Impuesto de Patrimonio que sólo pagaban las grandes fortunas; que se hayan puesto a disposición de los bancos miles de millones de euros sin exigirles contrapartidas,- con lo cual, no es utopía pensar en incrementar los ingresos.
Es evidente, pues, que la certeza de los gastos no está respaldada por la certeza de los ingresos. Si éstos fallan, al final del año el presupuesto no se habrá cumplido. Esto es lo que ocurre casi siempre en ayuntamientos y comunidades autónomas, que el nivel de acierto o ejecución difícilmente supera el 85/90%. De hecho una desviación de hasta el 15% es considerada por los técnicos en la materia, como un dato muy bueno.
Todo esto, que es conocido por los políticos, periodistas y analistas, debería servir para desdramatizar y relativizar los debates presupuestarios. En el supuesto previo proyectamos las intenciones, que siempre son buenas, mientras que en la liquidación de las cuentas es cuando se puede evaluar si las previsiones fueron correctas o no. Ese sería el momento de suspender o aprobar una gestión, sin embargo, son más noticiables las intenciones que los hechos.
En el debate presupuestario de Extremadura de hace unos días sólo había dos opciones: una, debatir la propuesta del Gobierno, mejorando o corrigiendo lo que buenamente se pueda, y dos, la Prórroga de los presupuestos anteriores. Si la propuesta del Gobierno era rechazada al prosperar alguna de las enmiendas a la totalidad, nada le obligaba a presentar nuevos presupuestos, sino que se limitaría a prorrogar los del año 2011. Se sabía.
Este era el dilema al que se enfrentaba IU Extremadura: Tuvo que elegir entre dos opciones que no le gustaban. En vez de jugar al todo o nada, eligió la menos mala para los extremeños, intentando arañar 140 millones de euros, que serán para los parados que han agotado todas sus prestaciones y subsidios, para evitar recortes en la Dependencia y para propiciar inversiones productivas en la Economía Social.
Tomando esta opción, IU no renuncia a ningún aspecto de su programa, pero con riesgo de dejarse algunos pelos en la gatera, pone por delante a los sectores más desfavorecidos de la población extremeña, las 26.600 personas desempleadas que ya han agotado todas las ayudas, las personas afectadas por la Ley de Dependencia o el sector de la Economía Social, el más débil del tejido productivo.
Todos los que han criticado, desde dentro y desde fuera esta decisión, deberían pronunciarse claramente si prefieren la prórroga, o asumir la arriesgada decisión que finalmente adoptó IU.
En cuanto a que esos 140 millones no están asegurados, es claro que no están ni más ni menos garantizados que el resto de ingresos previstos. Un presupuesto no es más que es un supuesto previo, sólo refleja hipótesis e intenciones.
Se podrá discrepar o compartir la decisión de IU, en ambos casos, hay que hacerlo con todas las consecuencias. Tomar o proponer decisiones, sin medir el paso siguiente, es por lo menos irresponsable y puede ser hasta suicida.
