Por fin vio la luz el Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2012. La estrategia del Gobierno regional de retrasar su presentación, incumpliendo incluso el Estatuto de Autonomía, por injustificada e innecesaria ha sido un error de primera magnitud. Mucho más al tratarse de un Gobierno recién llegado, que necesita consolidarse y generar confianza e ilusión a una ciudadanía azotada por las consecuencias de la crisis y cada vez más recelosa de la política.

Superar la coyuntura actual requiere planteamientos, acciones y liderazgos encaminados a sosegar el clima político y social para propiciar diálogo y consensos que equilibren los sacrificios, provoquen certidumbres a los agentes económicos y sociales y cohesionen la sociedad. Atrás debe quedar el tiempo de las actitudes políticas encaminadas fundamentalmente a la acumulación de poder para ocuparlo y consolidarlo.

Por ello, hubiera sido deseable disponer de un proyecto presupuestario en tiempo y forma, para poderlo abrir previamente al diálogo social y a un amplio acuerdo parlamentario, confeccionado con rigor, y dando respuestas a las principales necesidades y retos que Extremadura tiene en este momento. Hay que sostener las políticas sociales, darle estabilidad a las actuaciones económicas destinadas a consolidar el empleo en cantidad y calidad y se tiene que dinamizar, en la medida de lo posible, el crecimiento y el desarrollo.

XQUIZASx por ser ausentes de estas claves y por alguno de los errores mencionados, el Presupuesto es restrictivo y se va muy al límite. Cae un 5,3% y es el tercer año consecutivo que baja, acumulando ya una disminución de más de 855 millones de euros, respecto a los Presupuestos de 2009.

Este ajuste, unido a las dificultades para financiar la deuda a la que acude el Presupuesto, un 10 por ciento de éste, y el diferir a 2012 pagos de seguridad social correspondientes a ejercicios anteriores, pueden provocar fuertes tensiones de tesorería, poner en grave riesgo el normal funcionamiento de la Administración regional y en serio peligro los servicios públicos esenciales.

El intenso recorte de las inversiones reales y de otros gastos, así como el empecinamiento de restringir fondos para empleo público directo, destinado coyunturalmente a situaciones de emergencia, además de ser una pésima noticia para las más de 134.000 personas en paro, orienta la política económica regional justo en la dirección contraria de su máxima necesidad a día de hoy: consolidar lo más posible el tejido empresarial y el empleo existente a través de la incentivación y dinamización del sistema productivo.

Consciente de las dificultades financieras del momento, de la necesidad de reducir el déficit y de ser cada vez más eficiente en el gasto público, me niego a asumir que la única solución sea la vía del ajuste, porque acaba afectando a los de siempre, a la mayoría trabajadora, silenciosa y austera por naturaleza y educación, y a las clases más desfavorecidas y necesitadas.

Las cuentas regionales tienen margen de maniobra para buscar una solución más equilibrada y acorde con las necesidades de sostenimiento del Estado del bienestar y para la activación económica y productiva. Pero como decía, esto requiere consenso social y político. Y sobre todo, un amplio acuerdo parlamentario liderado por el presidente de la Junta, probablemente con cambio de actitud incluido, por parte de todos, y otra forma de hacer y entender la política.

Hay margen en los ingresos. Exigiendo al Estado y peleando el cumplimiento del Estatuto de Autonomía, la llamada deuda histórica y la compensación del 1% del PIB regional .

También hay capacidad de lograr más ingresos luchando contra el fraude fiscal y la economía irregular, con más recaudación, mejorando en eficiencia la Hacienda regional, e impulsando una cultura fiscal más corresponsable, que utilice los signos externos de riqueza como forma de detección del fraude.

Igualmente, hay que apostar por mayor progresividad en la imposición directa e indirecta, por nuevos impuestos relacionados con el crecimiento del PIB y por un replanteamiento del patrimonio público inmobiliario regional, rústico y urbano que alimente las arcas extremeñas.

Y hay margen, por supuesto, en los gastos, adecuando los instrumentos de gobernanza política, territorial y administrativa para buscar más eficiencia y eficacia. Eliminar duplicidades y racionalizar las infraestructuras de los servicios en función de las necesidades reales, de la capacidad de movilidad, etcétera, pueden disminuir considerablemente los gastos, al igual que la búsqueda de una mayor eficiencia de los medios y recursos disponibles, incluido el factor trabajo.

En definitiva, Extremadura necesita de unos Presupuestos distintos, focalizados de manera mucho más clara en dar confianza, en reactivar la economía, en fomentar la creación de empleo y en evitar la caída del gasto y las inversiones, porque no tenemos que olvidar que la pervivencia de una parte importante del tejido empresarial depende de las cuentas públicas extremeñas.