TEtl Gobierno se ha comprometido en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año, actualmente en trámite parlamentario, a aumentar la partida en sanidad hasta un 30% más respecto al ejercicio anterior, lo que supone en total casi 4.885 millones de euros, incluido el acuerdo de financiación de gasto sanitario rubricado con las comunidades autónomas. Este incremento es importante y pone de manifiesto la necesidad de atajar el déficit de la Sanidad pública, que arrastra deudas en las comunidades autónomas de hasta 7.000 millones de euros. Sin embargo, la dotación presupuestaria asignada para sanidad en las cuentas públicas de 2006 resulta insuficiente. La sanidad es, junto a educación, uno de los pilares vertebradores para el desarrollo de una sociedad democrática y garantía de un sistema de bienestar. Garantizar este sistema exige unos presupuestos fieles a la realidad, y ésta nos dice que en la sanidad española faltan profesionales para atender a la amplia demanda de los ciudadanos que optan por el sistema público de salud, a lo que habría que añadir las pérdidas económicas que desde hace tiempo vienen arrastrando las cuentas del sector. El Gobierno afirma que hará "un esfuerzo notable" en 2006 para mejorar los números rojos de la sanidad, y cuyo intento de financiación para sofocarlo congregó a los máximos mandatarios de las comunidades autónomas el pasado mes de septiembre en la Conferencia de Presidentes. Durante esta cita de presidentes autonómicos, el Gobierno dejó clara su voluntad de atajar el déficit sanitario, mediante la creación del céntimo sanitario , nuevo impuesto que no hace sino trasladar el problema de la financiación al bolsillo de los ciudadanos, gravando servicios básicos como los carburantes, el gas, la electricidad, así como el alcohol y el tabaco. Un gravamen que los agentes sociales no compartimos porque castigan a los usuarios en sus economías domésticas, frente a la capacidad del Gobierno de regular adecuadamente los recursos de los que dispone en las cuentas públicas anuales, y presentan la sanidad como la oveja negra del Estado del bienestar , cuya solución sólo depende de la bonanza ciudadana. Ahora, el Ejecutivo tiene otra oportunidad para dotar a la sanidad española de unos recursos económicos que garanticen su sostenibilidad, y cuyos beneficios recaen sobre los ciudadanos cuando acuden a una consulta o a un centro hospitalario. Por eso, un incremento de la partida presupuestaria para sanidad no caerá en saco roto si la Administración racional de los recursos pecuniarios se hacen en forma de inversión, destinada a incrementar la plantilla del personal sanitario --lo que permitiría una mejor atención al usuario--, y a controlar el gasto farmacéutico, entre otros.

*Secretario autonómico de

SATSE-Extremaeura