WEw l material judicial hecho público sobre el caso ´Pretoria´, el plan puesto en marcha por exaltos cargos de la Administración de Cataluña para sacar partido ilícito a una red de intermediación en negocios inmobiliarios, permite llegar a una primera conclusión: los encausados porfiaron para comprometer la labor de gestores del actual gobierno catalán, todo parece indicar que sin conseguirlo.
Sin poner en duda ni dañar la presunción de inocencia a la que tiene derecho todo ciudadano, lo cierto es que resulta harto convincente el conjunto del sumario y las conversaciones telefónicas grabadas no admiten interpretaciones exculpatorias.
Es más, permiten aventurar que estamos ante algo más que un típico caso de tráfico de influencias organizado por exaltos cargos de la Administración muy bien relacionados --Luis García, Maciá Alavedra, Lluis Prenafeta-- y funcionarios públicos. Más bien parece que nos hallamos ante una red de corrupción dispuesta a doblegar voluntades. Por todo lo cual, es obligado entender que el entramado puesto al descubierto y sometido a la acción de los tribunales debe servir para extremar los mecanismos de control públicos, la supervisión fiscal y el funcionamiento de las instituciones, ahora claramente insuficientes.
