XExs muy humano, y bastante cierto, lo de no acordarse de Santa Bárbara hasta que truena, y tan sólo cuando ocurren sucesos catastróficos afloran defectos e imprevisiones, dependiendo del azar el coste en vidas humanas. Dos ejemplos de mucha actualidad nos ilustran esta cuestión, el incendio del edificio Windsor de Madrid y el hundimiento del Carmel de Barcelona, han ocurrido en dos de nuestras más emblemáticas ciudades, pero podrían haber sucedido en cualquier otro lugar. En el caso del Carmel las responsabilidades han llegado al parlamento catalán, en el madrileño, que va camino de convertirse en un culebrón, veremos dónde acaban las cosas, pero lo importante en ambos casos, son los denominadores comunes, que evidencian unos comportamientos administrativos permisivos, con resultados fuertemente lesivos para la sociedad, y que estas conductas se mantienen al margen de la autoridad política de la que dependan. En España concurren tres administraciones en algunos proyectos y dos prácticamente en todos, la municipal, la regional y la central. A partir de ciertos volúmenes incluso la comunitaria. Las legislaciones son precisas y prolijas, y las exigencias de cumplimiento, en ocasiones un tanto laxas. Y aquí sí que tenemos los españoles una indeseable originalidad, la de lo prohibido pero tolerado. Con ejemplos sobre esta cuestión se pueden llenar bibliotecas, hay casos tan patentes y curiosos como el de las normas de tráfico en autovía, en donde se prohíbe ir a más de 120 kilómetros por hora y lo normal es superar con mucho esta velocidad. Pero esta interpretación laxa de las leyes conduce a un deslizamiento continuo de las exigencias y a una lectura interesada de las normas.

Las administraciones mueven muchísimo dinero en la contratación de obras y servicios, la transparencia a la que obliga nuestra normativa legal junto a la correcta aplicación de la misma, debiera ser el eje de la conducta de los poderes públicos. La ley que regula la contratación pública en España es una magnífica norma, que con más frecuencia de la deseable, y sopretexto de la eficacia administrativa es interpretada de la manera menos conveniente, sustituyéndose la subasta pública por el concurso público que admite mucha más discrecionalidad de las administraciones que la subasta; por otro lado los presupuestos con los que inicialmente se adjudican los proyectos se van paulatinamente incrementando vía reformado de los mismos. Hay casos tan escandalosos como el AVE a Lleida, que tiene un sobrecoste de setenta mil millones de las antiguas pesetas. Tampoco las adjudicaciones en la concesión de servicios tienen en muchos casos el control y el seguimiento obligado, resulta extraño a este respecto que el rescate de concesiones por parte de una administración sea un hecho muy infrecuente, la suspensión una insólita rareza, y la verdad es que son los ciudadanos los que soportan las consecuencias de unas prestaciones de servicios que en algunos casos dejan mucho que desear. Esta permisividad es la que lleva a que se hunda un barrio o se queme un edificio, produciéndose daños irreparables que probablemente pudieran haberse evitado.

Es cierto, que por mucho que se extremen las cautelas es imposible garantizar seguridades del cien por cien, pero a lo que sí estamos obligados es a distinguir entre lo inevitable y lo evitable. El éxito del gobierno de un municipio, de una comunidad autónoma o del propio país, estriba en gran medida en que las cosas funcionen, y de esto forma parte tanto el que no se hunda un barrio por la imprevisión de unas obras, como el tener la presión suficiente el agua para poder apagar el fuego de la planta veinte de un edificio. Pero salvando dramatismo y dimensiones, forman parte de esta cuestión otras muchas actuaciones, que van desde la recogida de basuras en los municipios, al bloqueo de aeropuertos por nevadas, pasando por irregularidades en el suministro eléctrico. El europeísmo del que hacemos gala pasa por soluciones a la europea, es decir siempre hay responsables.

*Ingeniero y director generalde Desarrollo Rural del MAPA