Los sindicatos encabezaron ayer la primera movilización contra el Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero en sus seis años de mandato. El dato merece ser considerado en su justa medida, aunque no fuera excesiva la asistencia a las manifestaciones, programadas hasta marzo en 57 ciudades españolas (en Badajoz y Cáceres tendrán lugar el próximo seis de marzo). Pero, ¿significa el fin del idilio entre el Gobierno socialista y las centrales sindicales? No parece que sea el caso, pese a la contundencia del rechazo sindical de la reforma de las pensiones, objetivo de las movilizaciones. A Comisiones Obreras y UGT no les queda más remedio que sobreactuar, como lo están haciendo, mientras que, por la otra parte, el Gobierno y el PSOE, el esfuerzo es el contrario: se trata de resaltar lo que les une con los sindicatos y minimizar lo que les separa.

Los sindicatos se oponen a la reforma porque es sobre todo inoportuna y nada urgente en plena crisis económica, ya que no puede ser de aplicación inmediata. Ocurre, sin embargo, que el Gobierno necesitaba enviar una señal a los mercados internacionales para frenar la inestabilidad y para demostrar que se tomaba en serio las medidas que se le exigían a medio y largo plazo. Pero, en el fondo, los sindicatos y los partidos saben que la reforma es inevitable. Un solo dato lo demuestra: ahora hay un mayor de 65 años por cada cuatro activos y en el 2050 habrá dos jubilados por cada tres activos. El sistema se convertirá progresivamente en insostenible y de ahí la propuesta de alargar a partir del 2013 dos meses por año la edad de jubilación para llegar a los 67 en el 2025.

La otra medida importante apuntada, ampliar la base de cálculo de la pensión, puede ser también aceptable, aunque solo sea porque ahora salen perjudicadas las personas que se quedan sin trabajo en sus últimos años de vida laboral.

La mayoría de los grupos parlamentarios del país estarían de acuerdo en alargar la jubilación si es voluntaria e incentivada. La duda que se plantea es si sería suficiente. Hay que recordar que desde el 2003 ya existe la posibilidad de la jubilación gradual y flexible, pero eso solo ha acercado el inicio del cobro efectivo de la pensión a los 64 años. Otra decisión imprescindible es que se limiten las prejubilaciones en las empresas con beneficios y que la edad mínima se retrase más allá de los 52 años. Con esta medida todo el mundo está de acuerdo. Ahora hay que trabajar para que el consenso se amplíe al resto de la reforma.