La primera política común de la Unión Europea, la agraria, tiene detractores y defensores desde su comienzo. Como en todas las grandes estrategias, no contenta a todos, pero lo cierto es que no solo ha contribuido al desarrollo del territorio rural y el resto de beneficios que todos conocemos, sino que además ha permitido el mantenimiento de una estructura agraria en Europa que le ha permitido consolidar su capacidad de abastecimiento de la población, garantizando que esta crisis sanitaria no se haya convertido también en una crisis alimentaria.
Si algo hemos visualizado con claridad es que, mientras que era patente la falta de disponibilidad de material sanitario para protegernos, la cadena agroalimentaria, en medio de este desconcierto, ha sabido organizarse, reforzarse y responder con rapidez para evitar la falta de alimentos. De no haber sido así, el caos hubiera sido total.
Se ha hecho con un gran esfuerzo en primer lugar, por los agricultores y ganaderos, que sufren una crisis de precios que pone en riesgo la viabilidad de sus explotaciones y estaban reivindicando en la calle la rentabilidad de su trabajo, pero que volvieron a casa con sus tractores a trabajar por todos nosotros.
Sin embargo, la pandemia ha agravado la delicada situación de algunos sectores. Los ganaderos de ovino, de caprino y de porcino han sufrido la caída radical de las ventas al cerrarse la restauración y los hoteles, y el vino y el aceite de oliva también están sufriendo esas mismas consecuencias.
Las administraciones no han sabido responder al esfuerzo y a la grave situación de estos productores; ni lo han hecho con la crisis de precio ni con la caída de las ventas que ha originado el coronavirus. Pedir a Bruselas, pedir a la PAC, es la única opción ante la negativa de poner fondos autonómicos o nacionales. Y no solo no ayudan a los agricultores y ganaderos, sino que, además, mantienen una campaña de desprestigio contra ellos acusándoles de explotadores y ordenando que inspeccionen casos de «esclavitud». Por cierto, ¿alguien ha oído al ministro Planas, al presidente Vara o a la consejera de Agricultura rechazar estas afirmaciones y salir en defensa del sector?
La Política Agrícola Común, que supone el 30% de la renta agraria, que asegura los alimentos a los ciudadanos, ahora es la «segundona». Parece que los intereses son otros. En Bruselas se habla del Pacto Verde, el ministro habla de la Ley del Cambio Climático, la Junta de economía verde y circular, todo ello importante, no me cabe duda, pero de asegurar los fondos de la PAC ¿quién habla ya?
Hay que proteger y reforzar primero la PAC, la supervivencia de esa estructura que mantienen los agricultores y ganaderos, porque ellos son los primeros interesados, pero el resto de la población también. Lo hemos aprendido en esta crisis sanitaria.
*Ingeniero técnico agrícola y diputada del PP.
