XAx principios de año el calendario nos regala la ficción de comenzar un tiempo nuevo lleno de buenos propósitos. La ilusión suele durar poco, demasiado poco para los extremeños, o para los españoles si se quiere, en esta ocasión. Con más motivos que otras veces, este año comenzó el año pasado, cuando se interrumpieron las negociaciones sobre el nuevo estatuto de autonomía catalán, para retomarlas una vez cumplida la mínima pausa formal. También como era previsible, el lehendakari, en su discurso de fin de año, ha vuelto a declarar la vigencia del Plan Ibarretxe, al que ahora atribuye la virtud de abrir el camino para que otras naciones del Estado reivindiquen sus derechos .
Estas iniciativas políticas que se acumulan pretenden cerrar una primera etapa en el recorrido del Estado de las autonomías, muy bien aprovechada por los sucesivos gobiernos nacionalistas vascos y catalanes, sirviéndose de las transferencias generosas del sistema educativo y de los medios de comunicación propios, para crear una opinión pública mayoritariamente nacionalista en sus respectivos territorios, muy desafecta a compartir principios y fines con el conjunto de los españoles. Sirva de último ejemplo que el 81% de la población vasca está a favor de un diálogo entre el gobierno central y ETA, incluyendo un 31% que lo apoyaría aunque no haya tregua, según una encuesta hecha pública el pasado 2 de enero por el Gobierno vasco.
El espacio público en Cataluña y el País Vasco está controlado por el nacionalismo. Las decisiones del Gobierno español que no atiendan a cualquiera de sus reivindicaciones, aunque sean flagrantemente contrarias al interés general, se presentan como ataques, a los que hay que responder contraatacando. Ante la pertinacia de la situación no pocos comienzan a resignarse, a la espera de acomodos institucionales que permitan ir tirando unos años, luego, ya veremos.
La incertidumbre creciente de este complicado proceso puede afectar a la estabilidad política y, de este modo, condicionar el crecimiento de la economía española, lo que repercutiría inmediatamente en las economías regionales de menor dimensión, como la extremeña. Sería muy arriesgado hacer pronósticos sobre acuerdos concretos. No obstante, en cualquiera de los escenarios posibles es más difícil encontrar beneficios potenciales para los extremeños que costes o perjuicios, y no sólo respecto a la financiación autonómica, sino sobre la economía extremeña, si se producen los cambios institucionales esbozados, particularmente los que afectan a la unidad del mercado español, y su influencia en las expectativas de los agentes económicos.
Para agravar la situación, la urgencia política puede dejar en segundo plano o posponer otros asuntos de naturaleza económica tanto o más relevantes. Sabemos que la fortaleza de la economía extremeña está en función de la tasa de crecimiento de la productividad media, especialmente en las empresas de los sectores o actividades más expuestos a la competencia exterior y al funcionamiento de los mercados internacionales, donde también se pueden encontrar las mejores oportunidades para crecer. El reto de la productividad no es una opción entre otras de ámbito regional. Viene impuesto por la intensidad de la competencia en la economía global. Las actividades con baja productividad son inviables a la larga, y muchas veces a la corta, por mucho que se subsidien.
A principios de este año, siguen siendo prioritarias las reformas que favorezcan la adaptación y el aprovechamiento de las mejores tecnologías disponibles, para la innovación y la diferenciación de bienes y servicios, en los procesos productivos y comerciales de las empresas extremeñas.
*Economista
