WSwin dudar de la rectitud deontológica del juez Grande-Marlaska, sus últimas decisiones son sorprendentes. No se comprende, por ejemplo, que dos empresarios que serían, en principio, víctimas de la extorsión terrorista de ETA, sean detenidos y conducidos, como presuntos delincuentes, ante la Audiencia Nacional, imputados, en contra de la opinión del ministerio fiscal, de colaboración con banda armada. Aún es menos comprensible que el interrogatorio del dirigente del PNV Gorka Agirre no pueda posponerse para que este se recupere de una operación quirúrgica, como si hubiera peligro de fuga. La guinda de llamar a Xabier Arzalluz, expresidente del PNV, a declarar como testigo, alimenta la sensación de que la mesura no es la divisa de algunos jueces.
Resulta muy difícil de desechar la duda sobre si todas estas prisas y anormalidades no tendrán que ver, más que con la correcta administración de la justicia, con el deseo de un juez concreto de dejar constancia de su presencia en unas actuaciones que tendrá que abandonar cuando, dentro de cuatro días, se le termine su temporal comisión de servicios en la Audiencia Nacional, en sustitución de Baltasar Garzón.
