Los padres de alumnos del Centro de Educación Especial Proa, en Cáceres, están otra vez dispuestos a organizar protestas para recordar a los responsables políticos que la renovación del colegio --sito en una parcela de Aldea Moret en condiciones inaceptables por su abandono-- está pendiente y al mismo tiempo prevista desde que hace año y medio los técnicos de la Junta de Extremadura empezaran a confeccionar un proyecto que contemplaba dos posibles soluciones: remodelarlo o construir uno nuevo.
En los últimos dos años, la situación de este colegio, en el que se educan alrededor de 80 alumnos discapacitados, la mitad de los cuales en régimen de internado porque proceden de familias de la provincia de Cáceres, está en la agenda de los responsables de la Junta y del Ayuntamiento, y en repetidas ocasiones sus máximos representantes han prometido soluciones y han hecho hincapié en que el futuro de Proa era objeto de sus preocupaciones. Pero el tiempo está pasando y el proyecto de mejora del centro o creación de uno nuevo no avanza. Es comprensible el malestar y la decisión de hacer protestas públicas por parte de los padres, así como son pertinentes sus reclamaciones, puesto que pasan los meses y todavía no se ha resuelto definitivamente uno de los dilemas que pesa sobre Proa: ¿se queda en Aldea Moret o no? De la respuesta a esta pregunta depende en buena parte si se construye un nuevo Proa o se reforma profundamente el actual. Pero sea una cosa u otra la situación de este colegio, que es referencia en la Educación Especial en Cáceres, no es precisamente el mejor espejo en que pueda mirarse la política de educación y atención a los discapacitados.
