Por encima de la política económica, el principal reto que deberá afrontar el nuevo Gobierno es sin duda el territorial. El Estado autonómico nacido de la Constitución de 1978 es plenamente asimilable a un Estado federal. Incluso en algunos aspectos cumple exigencias de Estado confederal, ya que la existencia de regímenes fiscales especiales (País Vasco y Navarra) traspasa cualquier estructura federal, que -como es sabido- se caracteriza por la igualdad jurídica de todos los ciudadanos y territorios. La denominación de Estado de las Autonomías se debió al intento de soslayar el adjetivo federal, que en la época de la Transición resultaba ciertamente tabú y no encajaba en la monarquía parlamentaria que se trataba de implantar.

Los constituyentes pretendieron crear un Estado social y democrático igualitario. Desgraciadamente, la práctica ha demostrado que estos designios venían viciados. Nuestra Constitución reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la nación española y proclama la solidaridad entre todas ellas. Habla de solidaridad, no de igualdad. El hecho de que unos territorios, por su configuración histórica, étnica o lingüística, puedan tener una categoría jurídica distinta en la estructura del Estado significa que pueden gozar de mayores competencias y, por ende, de más derechos, lo que no casa bien con la idea de igualdad.

Ahora, algunas autodenominadas comunidades históricas, no contentas con tal definición, quieren dar un paso más. Los territorios proclives a la sedición, con el apoyo de algunos líderes socialistas y populistas, pretenden diferenciar dentro de España entre naciones y regiones. Ello supone un avance cualitativo en la centrifugación del Estado.

El propósito es claro: dejar la histórica nación llamada España reducida a un conjunto de regiones que giren alrededor de la antigua Castilla. Junto a ella existirán otros territorios a los que se calificará de naciones con la posibilidad de reivindicar la independencia. En otras palabras, la España vaciada frente a las nuevas naciones enriquecidas por políticas económicas injustas e insolidarias.

A pesar de que nuestra Carta Magna establece que los estatutos de autonomía no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos y sociales y que se subraye que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado, convendremos que esto no es así. Nuestra Constitución incluyó normas que imponían respetar derechos forales históricos. De este modo, se santificaron los cupos fiscales que favorecen a unos ciudadanos en detrimento de otros. El fondo de compensación territorial no ha cumplido de modo satisfactorio sus funciones. No todas las regiones tienen las mismas infraestructuras, ni todas tienen los mismos medios de transporte o la misma sanidad, ni todas reciben las mismas inversiones.

Para solucionar el problema, algunos líderes políticos se atreven a proponer un Estado federal asimétrico. La asimetría supone desigualdad e injusticia. Significa que unos territorios tendrán más recursos económicos y otros menos. Ya no habrá solidaridad y mucho menos igualdad. Existirán ciudadanos españoles de primera y de segunda clase.

VOCES secesionistas, además de una supremacía económica, aspiran también a una supremacía social. Se repiten gestos y hechos históricos sumamente peligrosos. Los empresarios tienen que dar prueba de adhesión a la causa nacionalista. Aunque no es obligatorio, se ve con buenos ojos que ondeen banderas independentistas en los balcones para demostrar que sus moradores son adictos al proceso. En muchos colegios se adoctrina y se omite toda referencia a la ciencia o la cultura española. Incluso se procura ignorar su lengua. Muchos intelectuales se han convertido en patriotas fanáticos. Al hermano, al amigo, al compañero de trabajo que no comulgue con las ideas de la causa, se le invita a abandonar la patria común. A estos solo les queda callar, mientras los demás vociferan su patriotismo. La razón y la cordura parecen no existir; solo la enloquecida pasión colectiva del separatismo.

Algunas de estas últimas ideas están parafraseadas de la descripción que hace Stefan Zweig sobre lo que representó el nazismo en su tierra. Ahora, mutatis mutandis, sirven para describir con acierto la situación que se vive en alguna comunidad autónoma española. Se comprende así que el problema territorial sea difícil de solucionar mientras insolidariamente se pretenda la secesión unilateral o la consolidación de privilegios.

* Catedrático de Derecho Mercantil